LA PRIMERA FASE DEL GOBIERNO
REVOLUCIONARIO DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y SU
REPERCUSIÓN EN LA SOCIEDAD
THE FIRST PHASE OF THE REVOLUTIONARY
GOVERNMENT OF THE ARMED FORCES AND
ITS IMPACT ON SOCIETY
PP. 5-36
Manolo Eduardo Villagra
Centro de Altos Estudios Nacionales
29727085@caen.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-001-9151-5058
Magíster en Ciencias Militares, Magíster en Gestión e Innovación Tecnológica, Magíster
en Ciencias de la Educación, Licenciado en Administración de Empresas y Diplomado
en Seguridad y Defensa Nacional. Ha realizado el Programa de Comando y Estado Mayor
Conjunto. Actualmente realiza el III Diplomado de Liderazgo y Planeamiento Estratégico
en la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE-EPG), y el VII Doctorado de
Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN-
EPG).
Recibido: 01 Set 22
Aceptado: 21 Set 22
Publicado: 17 Oct 22
Resumen
La primera fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA)
(1968-1975) tuvo como líder al General de División del Ejército del Perú Juan Francisco
Velasco Alvarado, quien fue responsable de cambios significativos en el Estado peruano
para hacer frente a los problemas nacionales que arrastraba el país desde los inicios de la
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república, particularmente a los males sociales heredados del periodo virreinal. Las
medidas tomadas por el General durante este periodo fueron hechas para contrarrestar las
amenazas que se presentaban en el contexto nacional e internacional; sin embargo, a pesar
de los años transcurridos, aquellas disposiciones adoptadas tanto en la reforma agraria
como en la educativa, así como en el desarrollo tecnológico, han motivado diferentes
discusiones en el ámbito académico y político. El objetivo del presente artículo es analizar
el contexto en que se llevaron a cabo las reformas dispuestas por el Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas durante la etapa del general Velasco y sus
alcances sociales, contribuyendo de esta manera con la reflexión y la argumentación
analítica sobre el tema.
Palabras clave: Revolución peruana de 1968, activos críticos, nacionalismo
cultural, sociedad y educación.
Abstract
The first phase of the Revolutionary Government of the Armed Forces (RGAF)
(1968-1975) was led by the Divisional General Peruvian Army Juan Francisco Velasco
Alvarado, who was responsible of significant changes in the Peruvian State to tackle
national problems which the country dragged from the beginning of the republic,
particularly social problems inherited from the viceregal period. These measures were
taken as a result of the existing threats in the national and international context. However,
those measures which were taken in both agricultural and educational reforms and
technological development, have led to different discussions in the academic and political
fields despite the years that have passed. The purpose of this paper is to analyze the
context within which the reforms were carried out by the Revolutionary Government of
the Armed Forces during the phase of the General Velasco; thus, contributing to analytical
reflection and argument on the matter subject after reviewing the large existing
bibliography about the mentioned period of government and that who personified it.
Keywords: The peruvian Revolution of 1968, critical assets, cultural nationalism,
society and education.
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Introducción
En el Leviathán, Hobbes (s.f.), filósofo político inglés, propone que:
la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del
espíritu que, si bien un hombre es, a veces, evidentemente, más fuerte de cuerpo
o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la
diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar,
a base de ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar
como él. (p. 95)
Respecto a la cita anterior, reflexionamos que todo sistema organizado de leyes
debe ofrecer a sus ciudadanos derechos fundamentales que garanticen un ambiente
saludable para su desarrollo. Es el Estado el que debe de lograr gestar condiciones para
que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes sin afectar a los
demás. El incumplimiento de las responsabilidades del Estado a cargo del gobierno ha
sido el principal motivo por el que, en muchas ocasiones, diversos grupos han tenido que
asumir el poder, ya que el escenario en el que se estaban desarrollando los hechos
históricos no se lograba beneficiar a la mayoría de los ciudadanos. En Perú, los diferentes
gobiernos de la historia desde la etapa republicana, lamentablemente, no siempre han sido
capaces de asegurar que los derechos de los ciudadanos sean iguales para todos o que las
herramientas brindadas a la nación permitan una movilidad social.
De acuerdo con la investigación de Angell (1984), el Perú de las décadas de 1960
y 1970, fue un país con un sector industrial reducido donde el comercio era mínimo, de
pequeña escala o informal, y la gran mayoría laboraba en el sector agrícola. Además, era
una sociedad fragmentada en grupos étnicos y regionales, como refiere el investigador al
señalar que «el campesinado se hallaba aislado y padecía por sus divisiones internas;
…desempeñaban principalmente actividades de subsistencia y no tenía experiencia de
organización política nacional…» (p. 34). De modo que la concepción de mejora
resultaba muy difícil de alcanzar para la mayoría de los peruanos.
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Por su parte, Henry Pease (s.f.) señaló que «en los años sesenta era evidente el
aumento de la pobreza urbana y los contrastes que se advertían entre las ciudades y los
cinturones de las ‘barriadas’»1(p. 228). El mismo autor agrega que, desde la década de
los treinta, comenzaron los levantamientos y las invasiones de las tierras como parte del
interés por la propiedad agraria (Pease, s.f.). Por tanto, se infiere que la situación de la
mayoría de la población era precaria y que éste era uno de los principales problemas de
la nación.
Dentro de ese escenario, entre 1968 y 1975, se desarrolló en el Perú lo que se
conoce como la 1. ra fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas; la cual,
a diferencia de las anteriores Juntas Militares de Gobierno o los gobiernos ejercidos por
militares, fue un proceso político de índole revolucionario, puesto que removió todas las
estructuras que hasta ese entonces se conocían (Pease, s.f.). Este cambio sustancial se
explica por el hecho de que, durante esos años, el país presentaba profundas brechas
sociales frente a las cuales se hacía necesario lograr una «seguridad integral para todos
los ciudadanos», a fin de impedir que doctrinas radicales ajenas a la realidad nacional
intervinieran. De acuerdo con Velasco Alvarado:
el pueblo auténtico del Perú, en mucho gestor del aliento que hizo posible la
liquidación de la colonia, no fue el verdadero beneficiario de la victoria
independentista. Continuó siendo un pueblo explotado y misérrimo, cuya pobreza
fue el sustento final de la inmensa fortuna de quienes, en realidad, fueron los
herederos de la riqueza y del poder que antes en gran parte estuvieron en manos
extranjeras. (como se citó en Aguirre y Drinot, 2018, p. 49)
Es decir, la propuesta militar reflejaba el interés en desarrollar una política de
recuperación de los activos críticos nacionales, que recurriese a ser más justos, solidarios
y a promover la participación popular. De esta manera se logran identificar los ejes
fundamentales que se plantearon para alcanzar dicho objetivo mayor: en principio, el «no
alineamiento internacional» a fin de lograr romper con la dependencia extranjera que se
había tenido primero con los españoles, luego con los ingleses y finalmente con los
norteamericanos.
1 Se identifica con dicho denominativo a las poblaciones migrantes que empezaban a llegar a la
capital y se asentaban en las zonas periféricas, también se las catalogan como «pueblos
jóvenes».
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Otro de los ejes fueron la realización de una reforma agraria, que reivindicase al
indígena (tradicionalmente llamado indio) como ciudadano; y la «reforma de los medios
de comunicación social», a fin de contribuir directamente con los cimientos de una
«reforma educativa» y, progresivamente, nacionalizar al país e impulsar su participación
de manera más activa en el desarrollo nacional (Zimmermann, s.f.). Ante estos
acontecimientos, ocurridos hace más de cincuenta años, el presente trabajo analiza los
alcances sociales y el contexto en que se llevaron a cabo las reformas impulsadas durante
el mandato del General Velasco.
La Guerra Fría y la Política de no Alineamiento
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue uno de los periodos más lamentables
de la historia universal debido a la alta mortandad ocurrida en el viejo continente y al
impacto ocasionado en las sociedades que participaron directa o indirectamente en ella
(Briones, s.f.). Los motivos bajo los cuales se desarrolló se enmarcan en el interés de
Alemania por recuperar su espacio vital, es decir, un interés expansionista (Briones, s.f.).
Para ello, se empleó como herramienta social la exacerbación del nacionalismo, elemento
que fue fundamental en los países participantes de la contienda y que se evidenciaron en
los discursos de Estado ofrecidos a través de los mítines, así como en los medios de
comunicación de la época, y «… los variados ámbitos de la vida cotidiana» (Briones, s.f.,
p. 80).
Un acontecimiento importante que permitió la escalada del discurso fascista o
totalitarista que manejaban los gobiernos como el alemán, italiano o español, fue la suma
de presiones económicas a consecuencia del crac del 29 en Estados Unidos y que provocó
que muchas personas perdieran sus empleos. Los europeos, especialmente, preocupados
por lo incierto del futuro, encontraron refugio en el discurso fascista que les ofrecía un
chivo expiatorio para responder a sus problemas y, al mismo tiempo, les brindaba un
camino a seguir para la tan ansiada salvación o estabilidad (Briones, s.f.). De esta forma,
la dependencia al capital extranjero fue vista como un problema que a corto o largo plazo
terminaría afectando a cualquier país; asimismo, el manejo del discurso nacionalista
fungió como un eje importante para la unión de la nación. Concluida la Segunda Guerra
Mundial, prosiguió el periodo que se denominó Guerra Fría, etapa en la que el mundo
estuvo amenazado por el desencadenamiento de una nueva contienda de alcance mundial
que, de haber ocurrido, hubiera devenido en una conflagración nuclear con consecuencias
incalculables.
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La Guerra Fría (1945-1991) fue la etapa en la que dos ideologías, la capitalista y
la comunista, se disputaron la hegemonía del mundo, competencia que fue liderada por
los Estados Unidos de América (EE. UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), respectivamente (Salgado, 2013). Si bien no hubo un enfrentamiento bélico de
alcance mundial, las disputas entre ambas formas de entender la política y la economía
conllevaron al desarrollo de tecnologías que, en su lógica, demostrarían cuál de los grupos
era mejor que el otro, por lo que ambos «… defendieron modelos sociales, políticos y
económicos mutuamente excluyentes y buscaron sentar su supremacía sobre su oponente
sin llegar a un conflicto bélico abierto entre ellas» (Salgado, 2013, p. 20). Este
enfrentamiento afectó a todos los países vinculados, pues cada grupo quería demostrar
ser el mejor y contar con más seguidores.
En 1968, en Paris, los estudiantes de la Universidad de Nanterre protagonizaron
una serie de protestas por considerar que las autoridades universitarias les brindaban un
trato autoritario, por su oposición a la Guerra de Vietnam (1955-1975) y por las formas
en que el imperialismo norteamericano operaba (hegemonía económica, cultural, política,
etc.). Aquel escenario terminó atrayendo a más personas. Así, más de nueve millones de
trabajadores lograron paralizar Francia (Niño, 15 de mayo de 2018). A pesar que el
resultado de dicho suceso se considerará una revolución fallida –ya que los cambios
deseados no se alcanzaron– se establecieron los Acuerdos de Grenelle (27 de mayo de
1968) con los que se logró el aumento salarial del 35 % y la apertura de sindicatos en las
empresas (Niño, 15 de mayo de 2018). Los cambios sociales alcanzados entre los
trabajadores y universitarios forjaron la liberalización social que, incluso, sentó las bases
de la modificación al derecho al voto para que, a partir de los 18 años, se pudiera participar
en la democracia, lo que evidenció que el pueblo podía ejercer su voluntad de cambio si
se lo proponía.
En el mismo año, en Praga - Checoslovaquia, también se vivió un escenario de
confrontación. Alexander Dubček, líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, quiso
«darle una cara humana al socialismo», etapa que fue denominada Primavera de Praga
(Santora, 23 de agosto de 2018, párr. 1). En principio, Dubček planteó una serie de
reformas que pretendían otorgar derechos específicos adicionales a ciertos ciudadanos
que compartían la misma postura política que él, a fin de que se fomentara la
descentralización y la democracia, lo que se tradujo en libertad de expresión,
desplazamiento y ciertos ajustes pro libertad en los medios de comunicación. Sin
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embargo, estos cambios no fueron recibidos de manera positiva por los soviéticos,
quienes decidieron invadir el país con tanques y tropas del Pacto de Varsovia y así, en un
lapso de ocho meses, tomar el territorio. Checoslovaquia permaneció bajo el control de
la URSS hasta 1989 cuando comenzó un proceso que concluiría con la retirada del ejército
en 1991. (Santora, 23 de agosto de 2018).
A través de los principales episodios mencionados anteriormente, se puede
identificar que los conflictos ideológicos fueron un elemento fundamental del periodo de
la Guerra Fría y que los cambios que se deseaban implementar debían mantener cierto
control y orden aceptados por los líderes hegemónicos (capitalistas o comunistas).
La Guerra de Vietnam (1955-1975) fue una confrontación armada que duró
aproximadamente veinte años y que evidenció el conflicto ideológico entre capitalistas y
comunistas. Esta se desarrolló en Vietnam por el interés de unificar el norte y el sur bajo
un mismo gobierno comunista (Verba et al., 2017). Al principio, los líderes del Sur
decidieron organizar un golpe de Estado, pues ellos no deseaban la reunificación; sin
embargo, frente a dicho escenario, el Norte decidió apoyarse en el Viet Cong y así lograr
anexar el Sur a su territorio (Verba et al., 2017). Estados Unidos, debido a su doctrina y
su «teoría de dominio» que sostenía el interés expansivo de los comunistas, encontró
justificación para apoyar con recursos y tropas al Sur, a fin de evitar la expansión del
comunismo (Verba et al., 2017).
Sin embargo, debido al alto índice de mortandad, los gastos en cuanto a recursos,
la dificultad que implicaba estar en un espacio territorial que no era el propio, y las
protestas de un amplio sector de la población americana en contra de la guerra de
Vietnam, obligó a Estados Unidos de América a retirarse del país del sudeste asiático.
Cabe recalcar que la actitud crítica e involucrada de la sociedad americana respecto a la
guerra sirvió para cuestionar la forma de hacer política.
Por su parte, los países latinos no fueron ajenos a los acontecimientos
internacionales que se desarrollaban. Perú encontró en esta etapa muchos elementos que
tuvo que analizar para comprender el escenario mundial y poder actuar conforme a éste.
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La Sociedad Peruana Hasta 1968
La influencia del mundo bipolar había generado que en el país también se
organizaran guerrillas y que el Estado, mediante sus FF. AA., enfrentó. Por ejemplo, «en
1962, Hugo Blanco propició invasiones de tierras y fomentó enfrentamientos armados en
La Convención (Cusco) entre los campesinos andinos, los hacendados y la policía (Pease,
s.f., p. 229). Otros grupos guerrilleros que también refiere Pease (s.f.) son los que
aparecieron en Madre de Dios (de procedencia boliviana y neutralizados rápidamente),
Cusco y en el norte. También resaltan los grupos de Luis de la Puente Uceda (APRA
rebelde y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR]) quien deseaba hacerse del
poder. Sin embargo, su propuesta ideológica no fue de interés para la población, por lo
que no lo respaldaron, además, mantendría a la población en riesgo debido a las acciones
sorpresivas que realizaría. Frente a este escenario, el trabajo de inteligencia del Ejército
fue vital para realizar el proceso de identificación de los guerrilleros y de los lugares
donde habitualmente se desempeñaban (Pease, s.f., p. 229), de modo que, los intentos de
subversión no prosperaron.
Las derrotas de las guerrillas que se presentaron en el interior del país, gracias a
la intervención de los militares, coincidieron con el primer mandato presidencial del
arquitecto Fernando Belaunde Terry en 1963 (Gómez de la Torre y Medrano, 2017). Él
se comprometió ante la población a realizar una serie de reformas en todos los campos, a
fin de evitar una gran revolución social que desestabilizara toda la nación y por ende se
produjera la anarquía en su interior. En principio, la «cooperación popular» del partido
político del presidente, Acción Popular, desarrolló un programa en el que participaron
diferentes actores sociales como jóvenes y universitarios para realizar obras públicas y
construcción vial a muy bajo costo que fomentarían el desarrollo: toda la labor se
acompañó de la frase el pueblo lo hizo (Pease, s.f., p. 229).
El contexto internacional de los setenta presionó también al Estado peruano, pues
como se tenía una práctica de empréstitos y la inversión estatal estaba apoyada en ella, la
economía peruana dependía del mercado internacional. Cuando este empezó a presentar
crisis, el Perú también lo hizo, lo cual ocasionó mayor número de huelgas para exigir
aumentos salariales; más aún, la toma de tierras en la zona andina también comenzó a
incrementarse y así, el gobierno fue tildado de débil y con poca credibilidad (Pease, s.f.).
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Finalmente, el Estado peruano y la International Petroleum Company (IPC)
firmaron el Acta de Talara, que se supondría beneficiaría al país; no obstante, el periodista
Carlos Loret de Mola denunció la pérdida de la última página del documento (número
once), cuestión que provocó la desconfianza de la nación hacia su gobierno. Finalmente,
la crítica situación económica terminó de agravar el escenario nacional.
Entre los años sesenta y setenta del siglo XX, Perú era un país que mantenía una
dependencia económica, es decir, no se contaba con un mercado interno, además, las
diferencias entre el poder Ejecutivo y el Legislativo mellaban la estabilidad política.
Las Fuerzas Armadas y su Intervención
El 3 de octubre de 1968, una facción de las FF. AA. se levantaron en armas en
contra del entonces gobierno de Belaúnde. De acuerdo con Rojas (2021):
la planificación del golpe estuvo a cargo de un grupo pequeño de militares:
Velasco, los generales Edgardo Mercado Jarrín, Ernesto Montagne, Alberto
Maldonado Yáñez y Alfredo Arisueño, así como los coroneles Enrique Gallegos,
Leonidas Figueroa, Jorge Fernández Maldonado y Rafael Hoyos. (p. 23)
El golpe institucional de las tres armas de las Fuerzas Armadas fue dirigido personalmente
por el general Juan Velasco Alvarado, presidente del comando conjunto, desde el Centro
de Instrucción Militar del Perú (CIMP) (Rojas, 2021 y Pease, s.f.). Se debe señalar que la
Marina y la Fuerza Aérea aceptaron participar luego de amplias negociaciones (Rojas,
2021).
En el marco del primer aniversario de la revolución, Velasco Alvarado (1979) dirigió un
mensaje a la nación:
Este no es un gobierno personalista. Entre nosotros no existen predestinados ni
seres insustituibles; nadie tiene aquí el monopolio de la sabiduría ni del poder.
Somos un equipo que está haciendo la revolución que el Perú necesita, esa
revolución que otros pregonaron sólo para traicionarla desde el poder. No
constituimos, pues, un movimiento al servicio de un hombre, sino al servicio del
país. Pero comprendemos que nada de esto puedan entender quienes, en realidad,
no son más que simples caciques de nuevo cuño, extremistas del personalismo, de
la vanidad, de la estafa política. (Velasco, 2012, párr. 2)
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Es decir, el interés estaba puesto en que la identidad nacional fuera el pilar fundamental
para planear un desarrollo nacional justo, equitativo e igualitario con todos los peruanos.
En términos de Pásara (2019, p. 21), el proyecto militar de 1968 se sostenía en tres
aspectos centrales: 1. La extirpación de la llamada oligarquía de base terrateniente; 2. La
implantación de un conjunto de reformas dirigidas a homogenizar el país en términos de
distancias sociales; y 3. El desarrollo de una posición internacional propia, que afirme la
soberanía nacional contra la hegemonía estadounidense.
En el mensaje de Velasco de 28 de julio de 1969, se justifica la acción tomada por
las FF. AA. en los siguientes términos (Alvarado, 2017):
Al país le consta, que no quisimos nunca tomar este camino. Habríamos preferido
que las grandes cuestiones nacionales fueran resueltas dentro del marco de un
gobierno civil. No tuvimos otra alternativa. Fue la inepcia, la insensatez, la
corrupción y la insensibilidad de los malos gobernantes lo que nos hizo
comprender, que era nuestra la responsabilidad de asumir la tarea que la cobardía
y la complicidad tornaron imposible a manos de un Ejecutivo y un Parlamento en
los cuales, los electores depositaron una confianza que no supieron respetar, una
fe que defraudaron, una esperanza de la que hicieron burla. (p. 56)
De lo que se infiere que, fue una revolución necesaria, sin disparos, sin
resistencias, con el único propósito de que el comunismo, como tal, no triunfase en el
Perú; puesto que en la sierra ya se estaban gestando movimientos subversivos, debido al
estado de inacción del gobierno frente al problema del indio (sumisión del campesinado).
De acuerdo con Aguirre (2018), «Velasco veía la independencia como una ‘obra trunca’
y una ‘promesa no cumplida’» (p. 49). Es decir, esta propuesta de desarrollo nacional
quería superar esas brechas que se mantenían desde la República y beneficiar a la mayoría
de los peruanos. Cabe mencionar que Velasco argumentó que el periodo previo a su
gobierno fue
[un] largo proceso de reorientación y toma de conciencia de los irresueltos
problemas fundamentales del país, [por lo que] la Fuerza Armada se vio
compelida a intervenir … y, para evitar también, que irresponsablemente se
continuara la burla a los derechos y reclamos de un pueblo, que en vano
demandaba de sus gobernantes acciones de justicia. (Sánchez, 2003, p. 126)
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Quizás violar el sistema democrático fue una necesidad vital ante la inacción e inercia de
los que en su momento ejercieron el poder político. En términos del mismo general
Velasco Alvarado, en la entrevista que le hace César Hildebrant (17 de junio de 2015):
Los civiles tuvieron 150 años en el gobierno y no las hicieron [las reformas]. Por
eso es que la Fuerza Armada tuvo que hacer la revolución. El consuelo que tengo
es que la revolución hizo vibrar. Porque hasta los enemigos nuestros vibraron de
contento cuando... recuperamos Talara… (párr. 30)
Así, el 3 de octubre de 1968, las tropas se presentaron en la plaza de Armas para
deponer al presidente Fernando Belaúnde Terry. Posteriormente, se suspendió la
Constitución y se dispuso el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (Elche,
2008). Cabe indicar que esta intervención no incurrió en una contradicción a la
Constitución de 1933, la cual se empleó como marco legal para la realización de las
acciones, pues la suspensión señalada se realizó posterior a la toma del poder.
El sustento ideológico subyacente al golpe del 68 se puede entender al analizar el
discurso de Velasco; en éste, se deja oír la voz de una persona que proviene de un grupo
social de condiciones humildes, de una familia de bajos recursos, trabajadora y
provinciana; alguien que, asimismo, sufrió las vicisitudes de un soldado y conoció la
realidad nacional durante sus labores en las zonas más alejadas del país (tanto como sus
coroneles). También, se debe señalar que su vida personal recupera los impactos de un
niño trabajador que asumió la situación familiar y supo apoyar; tuvo que viajar de
polizonte para cumplir su sueño de ser oficial del Ejército, pero, al llegar con retraso al
proceso de admisión de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) y no poder presentarse,
se enroló como soldado raso (Taype, 2018). Tuvo una vida austera, metódica y jamás se
le vinculó con algún acto de corrupción.
En conclusión, este gobierno de características profundamente nacionalistas tuvo
que hacer frente a un escenario nacional que era adverso para la mayoría de la población,
a la vez que el contexto internacional le demandaba contar con una posición específica
frente al mundo bipolar.
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Fundamentos Constitucionales de la Intervención Militar
La intervención militar de aquel 3 de octubre de 1968 se dio por la convergencia
de múltiples causas. En principio, fueron los irresueltos problemas del país y la inacción
por parte del presidente Fernando Belaunde Terry, quien fue líder y fundador del partido
Acción Popular (Masterson, 2001) y cuyo primer gobierno se inició en 1963, previas
elecciones convocadas por la Junta Militar, convocada por Ricardo Pérez Godoy y
Nicolás Lindley Lopez (1962-1963) (Masterson, 2001).
Por otro lado, el descontento de la población originado por la desaparición de una
de las páginas (la once) del contrato con la International Petroleum Company (IPC); el
viejo sistema patrimonialista de los latifundios (pocos propietarios de inmensas
extensiones de tierras casi del tamaño de distritos o provincias) de grandes hacendados y
gamonales, quienes tenían en condiciones de sumisión a los peones, además de tener a su
disposición a jueces, comisarios y periodistas, entre otros.; y, finalmente, las prácticas de
injusticia y violación a los derechos por parte de los políticos que tenían relación directa
con los intereses latifundistas. Todos estos motivos bastaron para justificar la demanda
social de una intervención militar.
Sobre la legalidad de las acciones realizadas por el Gral. Velasco Alvarado en
1968 a fin de preservar al País, se recurre a los artículos 34, 35, 211 y 213 de la
Constitución Política, vigente en ese tiempo, que fundamentan la legitimidad del
movimiento.
Artículo 34.- La propiedad debe usarse en armonía con el interés social. La ley
fijará los límites y modalidades del derecho de propiedad.
Artículo 35.- La ley puede, por razones de interés nacional, establecer
restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y la transferencia de
determinada clase de propiedad, sea por su naturaleza, o por su condición, o por
su situación en el territorio.
Artículo 211.- El Estado procurará de preferencia adjudicar tierras a las
comunidades de indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las
necesidades de su población, y podrá expropiar, con tal propósito, las tierras de
propiedad privada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 29.
Artículo 213.- La finalidad de la fuerza armada es asegurar los derechos de la
República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del
orden público. (Congreso de la República del Perú)
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Como se lee, en la Constitución de 1933 se priorizó el bienestar de la nación y de los
elementos fundamentales a los cuales todos deben tener derecho. Además, según lo indica
el Artículo 213, la fuerza armada debe asegurar el cumplimiento de los mismos.
El Centro de Altos Estudios Militares y la Búsqueda de una Doctrina Nacional
Especialistas como Pease (s.f.) señalan que fue un nuevo cuño militar, egresados
del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), los que derrocaron a Belaunde Terry. La
respuesta a la pregunta sobre quiénes fueron los protagonistas de aquel acontecimiento se
debe de buscar en años atrás, durante el gobierno del general Manuel Odría (1948-1956)
y la fundación del CAEM (López, 2017), desde 1997 hasta la actualidad, Centro de Altos
Estudios Nacionales (CAEN) (2022).
Como señala la página web oficial del CAEN (2022) sobre su proceso de creación,
Al iniciarse la década de 1940, se comenzó a hablar en el seno de la Escuela
Superior de Guerra del Ejército (ESGE), sobre la necesidad de contar con un
centro de estudios donde se plantearán y analizarán los problemas de orden
estratégico hasta entonces no abordados. (párr. 1)
Fue en 1950 que se dispuso la creación del Centro de Altos Estudios Militares
(CAEM) y se logró establecer una concepción critica de la realidad nacional. Ello
permitió a los oficiales del Ejército el estudio profundo y reflexivo de la realidad nacional
que devino en la idea de grandes reformas de carácter necesario, principalmente en el
campo educativo, el campo social, la agricultura, la economía, las relaciones
internacionales, la búsqueda de la industrialización del país y, sobre todo, en el manejo
de los activos críticos nacionales (nomenclatura no empleada entonces), sostén principal
para la supervivencia del Estado-nación. Los estudios impartidos en el CAEM causaron
una evolución cultural en la mentalidad militar que existía en ese tiempo.
Cabe señalar que este tipo de intereses no estuvieron aislados de lo que ocurría en
otros países; en ese sentido Masterson (2001), en su obra «Fuerza Armada y Sociedad en
el Perú Moderno: Un estudio sobre relaciones civiles militares 1930-2000», destaca la
influencia francesa después de la Segunda Guerra Mundial en la adecuación de una
doctrina nacional que se base fundamentalmente en alcanzar Objetivos Nacionales,
implantada por los Galos bajo el mandato del Gral. Charles de Gaulle.
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Precisamente en el CAEM, como espacio de discusión, comenzó a surgir un
discurso de la prospectiva nacional, es decir, se cuestionaban cómo debería ser la nación
peruana. Hurtado (2018) señala que «desde la perspectiva del Ejercito, los cuarteles
borraban las diferencias sociales y étnicas entre los peruanos, y todos los miembros de las
Fuerzas Armadas —oficiales, suboficiales y reclutas eran igualmente importantes»
(p. 240). El sentido de la inclusión imperaría; en otras palabras, había un significativo
interés por contar con profesionales, jefes aptos para comandar las grandes unidades,
formados con la mayor calidad y conocedores de la realidad nacional que, al proponer
políticas, estas fueran consecuentes con la coyuntura nacional.
Las pugnas por el poder representativas de los sesenta y setenta ocasionadas por
los partidos políticos (APRA, Acción Popular, Democracia Cristiana, Partido Comunista
del Perú) causaron inestabilidad en el rumbo del país, es por ello, que menciona Gálvez
(2021)
A partir de julio de 1962, las veces que el Ejército se ha visto obligado a intervenir
directamente en política, ha sido en forma institucional y corporativa, en
circunstancias excepcionales y ante situaciones de alto riesgo que ponían en
peligro la existencia futura del estado de derecho. (p. 41)
En este sentido, Pease (s.f.) explicó que, «aunque no estaba en el programa, el
CAEM pretendía preparar a los oficiales para administrar el país. Ello fue evidente
después de 1968» (p. 230). Serán precisamente estos egresados quienes tomarán los
puestos de funcionarios públicos y los que llevarán a cabo el desarrollo del gobierno de
las FF. AA. Rojas (2021) agrega que estos se convencieron de «la necesidad de
implementar profundas reformas socioeconómicas que desarrollaran y modernizaran el
Perú, con el propósito de evitar una revolución desde abajo y conducida por la izquierda
marxista» (p. 30). Asimismo, el autor hace hincapié en que «los militares asumieron una
retórica nacionalista y revolucionaria, [pero] ni Velasco ni su entorno más íntimo eran
socialistas». Eran, más bien, distantes de la izquierda revolucionaria y de la derecha
tradicional oligárquica, «disponían de su propia visión del país y de su propia agenda de
reformas» (Rojas, 2021, p. 30), como en su momento –también– lo señaló el periodista
investigador César Hildebrant (2016) respecto del gobierno de Velasco:
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fue un intento de parar al comunismo, un intento de que el comunismo no triunfara
en el Perú, pues eso era lo que se venía… si hubo Sendero [Sendero Luminoso]
con las reformas que hicieron los militares, imagínese lo que habría sido Sendero
sin las reformas que hicieron los militares… (pp. 16-46)
Finalmente, serán estos intereses y preocupaciones los que permitirían la
elaboración de un proyecto nacional que disminuya el poder económico de los
terratenientes, gamonales y hacendados del país. El cual se enmarcó en el escenario de la
Guerra Fría, y que tuvo por estrategia «[una] postura marcada por la alianza al bloque
soviético, elemento de gran importancia al establecer en Perú la resistencia contra los
capitales provenientes de Estados Unidos» (Julca, 2017, p. 12).
Por otro lado, es necesario poner de relieve que desde 1961, de manera progresiva,
diversos países de África que habían sido colonias de los imperios líderes de la revolución
industrial empezaron procesos de descolonización y estaban interesados en mantener una
posición neutral, es decir, no alinearse a ninguna superpotencia del mundo bipolar y, por
el contrario, pertenecer al Movimiento de Países No Alineados (MPNA). Todo ello se
inició en la Conferencia de Bandung. Durante la década de los setenta y los ochenta, este
grupo siguió asumiendo una postura que se alejaba del conflicto entre los Estados Unidos
de América y la URSS, para concentrarse en su propio desarrollo (Malacalza, 2016). Perú
participó desde 1973 y, de acuerdo con Mercado (1974), el gobierno de Velasco:
Estaba consciente de que esto implicaba una reformulación de la noción de
seguridad nacional, pues si antes aludía a la protección del territorio, ahora
apuntaba a la «lucha contra toda forma de presión, incluyendo el
neocolonialismo», sin excluir la defensa irrestricta de los intereses económicos y
la dignidad nacional, y de una autonomía en sentido amplio: tanto a nivel interno
como externo. (como se citó en Alburquerque, 2017, p. 161)
De modo que se desarrolló una lectura distinta de las relaciones internacionales y
de cómo se debían manejar. En un texto del Ministerio de relaciones exteriores de1974,
año en que todavía gobernaba Velasco, se refleja la nueva visión de la política:
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La seguridad de todos habrá de buscarse en el mejoramiento y la dignificación de
las condiciones de vida de todos los hombres. Es esta y no otra la seguridad que
requerimos, seguridad que será de todos o no será de nadie. Es la seguridad de que
progresivamente la paz, entendida como algo cualitativamente superior a la
ausencia de conflictos bélicos, se irá implantando en el orbe. (como se citó en
Alburquerque, 2017, p. 161)
En síntesis, el gobierno de Velasco Alvarado, en cuanto a su postura internacional,
se declaró como No Alineado, mientras que en la política exterior se pensó desde un
trasfondo ideológico fundado en un paradigma nacionalista que aspiraba a la justicia, a
no ser dependiente, con fuertes elementos regionalistas del Tercer Mundo y cuya doctrina
de seguridad nacional profese autonomía.
Cambios en la Sociedad
En el mensaje a la nación en el primer aniversario de la revolución (3 de octubre
de 1969), el general Velasco señalaba que «Toda revolución genuina sustituye un sistema
político, social y económico por otro cualitativamente diferente» (párr. 7). Es decir, los
cambios a establecer serían para alcanzar los objetivos de justicia e igualdad; resumido
en una frase: «el campesino del Perú será un ciudadano libre» (24 de junio 1969). Por su
parte, César Hildebrandt, respecto del nuevo paradigma en el gobierno revolucionario de
las FF. AA., señaló que los cambios ambicionados quedaron registrados en el Plan Inca,
un fajo significativo de papeles en los que estaba inscrita la forma en que se transformaría
el país mediante la reforma agraria, la reforma industrial y la sustitución de importaciones,
según la recomendación de la CEPAL. (Hurgan en la Memoria, 30 de septiembre de 2021
segundo 00:03-00:46).
El principio, la reforma agraria fue la más compleja de realizar y su aplicación no
ha dejado de generar controversias. Su realización constituyó la etapa final de un proceso
que se había iniciado incluso antes del primer gobierno de Belaunde Terry, pero que, con
el avance del tiempo, había sufrido diversas modificaciones que progresivamente fueron
minimizando y prolongando su aplicación (TV Perú, 21 de diciembre de 2016, minuto
48:36-49:30).
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La Reforma Agraria implicaba desplazar del poder a los terratenientes, quienes,
desde la época colonial, habían ejercido el poder despóticamente en la Sierra, en
un sistema cuasi-feudal, en el cual los campesinos (en su mayoría indígena y
mestizos), si bien eran libres por derecho, estaban reducidos a la condición de
siervos. (Marutián, 2003, p. 40)
La historia nacional en los tiempos de la Reforma Agraria en parte estaba formada
por la invisibilización, exclusión y explotación de los indígenas y el campesinado
realizado por los terratenientes. Con la Reforma Agraria la figura del indígena fue
reivindicada, hecho que también se vio reflejado en la creación del Día del Campesino.
Asimismo, se debe señalar que, desde la década de los treinta en el norte del país,
específicamente en Trujillo, el partido aprista influenció políticamente a los campesinos
y se estuvo en constantes pugnas a nivel nacional con el partido comunista por el dominio
político del campesinado. Es en este contexto, es que la manumisión se le dio al
campesino y se le otorgó la facultad de ciudadano y, por ende, el derecho de participar
oficialmente en los procesos políticos.
«La Ley de la Reforma Agraria fue promulgada el 24 de junio de 1969» (Rojas,
2021, p. 66). Con ella se permitiría una redistribución de las tierras hecha por medio del
gobierno, así, se crearían cooperativas agrarias que estarían controladas y supervisadas
(Marutián, 2003). Velasco Alvarado expresó su sentir respecto a la Reforma con las
siguientes palabras:
Compatriotas: Este es un día histórico. Y bien vale que todos seamos plenamente
conscientes de su significado más profundo. Hoy día el Gobierno Revolucionario
ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el
más vital instrumento de su transformación y desarrollo. (Marutián, 2003, p. 41)
La aplicación de la Reforma cambiaría, por un lado, la posesión de los bienes y
permitiría una redistribución económica; y, por otro lado, por efecto de lo primero,
cambiaría y se reestructuraría la organización y jerarquía social. De ahí que se hable de
su fuerte contenido social; «por eso, la reforma agraria era parte de un proceso de
integración de la sociedad peruana sobre nuevas bases sociales, entre ellas la expansión
de la propiedad en los sectores rurales e indígenas» (Rojas, 2021, p. 69).
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En la concepción de Velasco, el campo estaría poblado de cooperativas y
empresas agrarias que tuviesen adecuadas tecnologías que les permitiesen ser modernas
y productivas (Rojas, 2021). A pesar de que las denominadas Cooperativas Agrarias de
Producción (CAP) sí se desarrollaron, en la costa central y el norte, lamentablemente en
muchos casos los trabajadores agrícolas no contaban con experiencia y competencias
asociadas a la labor empresarial (Rojas, 2021). Una de las principales críticas a la
Reforma estuvo dirigida a la forma en la que se desarrolló, pues no era como la habían
querido los campesinos, es decir, la separación por parcelas y de manera individual a
diferencia de lo que el Estado había dispuesto (TV Perú, 21 de diciembre de 2016).
Un segundo aspecto del gobierno de Velasco importante de analizar es la política
educativa, pensada como una reforma que fundamental para que las bases en las que se
fundasen los principios de la sociedad también involucrasen el nuevo paradigma
propuesto por el gobierno. La educación debía representar la misma postura que había
tomado la política exterior y nacional: no estar alineados o ser dependientes, sino que el
discurso esté íntimamente ligado a una identidad nacional que se construya y actualice a
sí misma (Rojas, 2021).
Esta propuesta también cuenta con bases de análisis de la realidad nacional que,
como se describió en párrafos anteriores, habían sido analizados desde la década de los
cincuenta. Se contrataron a personalidades destacadas, especialistas en el sector
educación (Augusto Salazar Bondy, por ejemplo), para desempeñar la tarea de diseñar
una educación nacional que revalorase «la diversidad cultural, regional y lingüística
nacional» Así, «la Ley de Educación reorganizaba el sistema educativo» en sus diferentes
niveles y «la escuela, debía contribuir con los protectores para desarrollar una industria
nacional fuerte, autónoma y enraizada en los sectores populares» (Rojas, 2021,
pp. 109-110).
Finalmente, gracias a las experiencias internacionales anteriores a los años
cuarenta y cincuenta y el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) se alcanzó el consenso de que el Estado debe conducir el desarrollo
industrial (Rojas, 2021, p. 87). Así que Ley General de Industrias fue promulgada con el
objetivo de que despegase la industrialización y autonomía en la investigación y alcances
tecnológicos. (Rojas, 2021, p. 91). De este modo, el Estado se convertía en un elemento
mediador y los trabajadores/obreros estuvieron incluidos en el discurso para la
transformación social.
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Sin embargo, el camino hacia el desarrollo no estuvo libre de obstáculos: una gran
dificultad para el alcance de los objetivos fue el poder competir con los productos y con
el mercado internacional en general. No solo eso, en términos de Rojas (2021), «El
principal escollo que impidió que los empresarios se sintieran cómodos con el gobierno
militar eran las denominadas ‘comunidades industriales’, un nuevo modelo de
organización de la propiedad industrial» (Rojas, 2021, p. 94).
Cabe indicar que los Estados Unidos de América no avalaron el régimen, puesto
que el GRFA había colisionado con sus intereses de manera frontal, por el contrario, se
enfrentó al gobierno militar. Primero, ante la negativa de venta de armamento de origen
norteamericano: el General Velasco se acercó al bloque socialista, recibiendo apoyo y
ayuda internacional del poderoso opositor a EE. UU. y al capitalismo dominante (Rojas,
2021). Por este motivo, el régimen impulsó el Movimiento de Países No Alineados,
mediante el Grupo de los 77, o sea, los países del tercer mundo y coincidentes con la
realidad peruana (Rojas, 2021). Segundo, terminado el régimen militar, hubo un proceso
de contrarrevolución encabezado por los grupos político-económicos que fueron
perjudicados con la serie de reformas, quienes se dedicaron a hacer una campaña de
estigmatización y desprestigio de las principales obras realizadas; por ejemplo, generar
en el inconsciente colectivo la idea, que perdura hasta la actualidad, de que el general
Velasco fue un comunista o socialista (Rojas, 2021).
El Gral. Div. Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, en la obra de Prieto (1996),
describe al General Velasco como «un hombre muy criollo, muy pragmático. Honesto,
no era el dogmático de izquierda que hubieran querido los comunistas, …Velasco no fue
marxista» (p. 152). A ello se suma lo que Velasco le contesta a Hildebrant (1977), en su
última entrevista, «¿Por dónde voy a salir comunista? Yo he sido militar toda mi vida...,
Ustedes me hubieran acusado de macartista si yo hubiera perseguido a los comunistas.
Yo más bien he dicho que los comunistas se infiltraron» (p. 12). Se debe agregar que no
hubo vetos ni persecuciones por profesar alguna doctrina política durante el GRFA; ni al
Partido Aprista, el cual fue proscrito políticamente durante varias décadas; menos se
realizó algún tipo de persecución política o vulneraciones a los derechos humanos (como
si las hubo en otros procesos latinoamericanos). En definitiva, se respetó la humanidad y
se siguieron los principios de la democracia cristiana con los que coincidía el General
Velasco (Hildebrant, 1977).
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Así pues, desde el Estado se diseñaron cambios estructurales para que la
sociedad desarrollara un sentido de pertenencia que fomentara una cultura nacional
inclusiva para todos, tanto limeños como cualquier otro ciudadano, independientemente
del lugar de procedencia o residencia. Los cambios tanto en la agricultura, la educación
y la tecnología eran considerados el camino para lograr ese nuevo sentir peruano.
La Importancia de las Reformas del Gobierno Revolucionario de las FF. AA.
Los cambios estructurales en la sociedad peruana estuvieron direccionados a
refundar la nación. El Perú contemporáneo nace con las reformas sociales ejecutadas, que
tenían como base el interés por la reivindicación del indio y el desarrollo de un discurso
que fomentase un sentido de unidad e identidad nacional. Esta 1ra Fase del Gobierno
Revolucionario de las FF. AA. fue cuestionada, criticada y, muchas veces, estigmatizada;
sin embargo, las evidencias de las actuales investigaciones demuestran que fue importante
para mitigar el injusto reordenamiento social que se mantenía desde la fundación de la
república y como herencia del periodo colonial.
Actualmente, una demanda moral invoca la realización de un análisis crítico del
desarrollo de la historia; en el que se identifican las razones de Velasco Alvarado para
pensar el país desde un nuevo paradigma promovido desde el Estado. Las políticas de
Velasco pueden ser tildadas de radicales, pero, sin duda, fueron necesarias en su tiempo
para afrontar las grandes problemáticas nacionales y encaminar dicha realidad a
conformar una nación, en el sentido más estricto del término.
Si bien de las reformas realizadas no todas tuvieron éxito, fue el primer intento
fáctico que se hizo para afrontar de manera directa y casuísticamente el origen de todas
estas problemáticas nacionales. Particularmente en la reforma agraria, la serie de
afectados (terratenientes oligarcas en su mayoría) mantienen hasta hoy un discurso en
contra de ella. Esta perspectiva se basa en que se realizó la expropiación de esas tierras
sin antes haber analizado la situación de los expropiados. También se señalan la mala
conducción que posterior al régimen se les dio a las empresas nacionales, el
debilitamiento de la Oficina Nacional de Planificación (ONP) y la desarticulación de la
Dirección de Asuntos Estratégicos (DIRAE) y del Sistema Nacional de Movilización
Social (SINAMOS) (Rojas, 2021), entre otras acciones que no permitieron el logro de los
objetivos nacionales propuestos en esta fase.
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Es importante destacar que, en consideración a la Constitución de 1933, en su
Artículo 37:
Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de
riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley
fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en
propiedad o en usufructo, a los particulares.
De lo que se desprende que todos los jefes de Estado deben velar por la protección
y correcta administración de los recursos del Estado, ahora denominados activos críticos
nacionales (ACN), puesto que representan el medio de supervivencia y sostenimiento de
la población, aspectos sobre los cuales es necesario concientizar a la población. Es aquí
donde se debe reflexionar sobre el impacto a estos días de la serie de privatizaciones
realizadas en la primera parte de la última década del siglo anterior.
La venta de las principales empresas nacionales en la década de los noventa y la
concesión de activos críticos nacionales, así como de diversos servicios públicos
esenciales (Jiménez, 2001), que siempre deben estar a cargo del Estado, debilitó los
instrumentos del poder nacional con los que se debería de contar para lograr el ansiado
desarrollo nacional. Las duras críticas realizadas a los militares de esas épocas contrastan
con la compleja preparación y experiencia de éstos en temas de planeamiento estratégico
y en reformas que fueron adoptadas por muchos países del mundo.
Varias décadas después, la nación peruana todavía se encuentra en proceso de
desarrollo intercultural y cada vez con mayor incidencia. Desde diferentes actores
sociales, los esfuerzos por mejorar la condición de las poblaciones más excluidas y
vulnerables –también– se consideran más vitales. La identidad étnica se enaltece
mediante el desarrollo de un discurso único que desde el Estado fomenta la integración y
que, paralelamente, desarrolla políticas y acciones que acompañan dicho planteamiento.
El orgullo de ser considerado cholo nace en este proceso, y aquí también, surge el inicio
de la modernidad del país. Por ello, es responsabilidad de la historia, investigar y analizar
los procesos sociales a fin de fomentar el pensamiento crítico en todos los grupos de la
nación. Finalmente, el fin ulterior de las Fuerzas Armadas es resguardar el bienestar de la
nación, siempre respetando irrestrictamente el orden constitucional, y denotar capacidad
de discernimiento ante las amenazas contemporáneas a la seguridad nacional.
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Obstáculos y Errores del Régimen
De acuerdo con Orrego (2014), «El golpe militar de 1968 ha sido interpretado
como el punto final del orden oligárquico en el Perú; en su momento, fue visto como el
inicio de una revolución prometedora» (p. 181). Lo que se afirma en la consideración de
la propuesta de cambios estructurales que el nuevo gobierno militar proponía.
Primero, era una reforma con una orientación industrialista que tenía:
grandes esperanzas en una alianza con el empresariado manufacturero, y
realizaron denotados esfuerzos para atraer a este sector, al que brindaron
protección arancelaria, subsidios, exoneraciones a las importaciones de bienes
de capital, un régimen cambiario especial y reinversiones de hasta el 60 % de las
rentas libres de impuestos. (Rojas, 2021, p. 223)
Sin embargo, no se logró consolidar esa alianza, ya que los industriales decidieron invertir
de manera muy controlada, según era conveniente para ellos, en gran medida por la
desconfianza de la manera en que se tildaba al gobierno. Asimismo, Rojas (2021) apunta
que «las presiones de la derecha política bloquearon cualquier entendimiento con el
gobierno» (p. 223). De modo que la Ley Industrial tuvo efectos parciales al ser asumida
en gran parte por el Estado, sin la participación del sector privado, al expropiar empresas
y crear las industrias que se consideraba que eran conveniente para la nación (Rojas,
2021). Pease (s.f.) agrega que el Estado era responsable de toda la producción:
mientras la burocracia centralizaba la actividad económica, pues a las
expropiaciones de las empresas petroleras y mineras siguieron las de las grandes
empresas agrícolas, especialmente azucareras, las cuales fueron entregadas a
nuevos «dueños», pero quedaron, como todas las empresas estatales, bajo la
administración de funcionarios públicos. (p. 321)
Entonces, el Estado, empleando diversos mecanismos (expropiación y creación),
terminó haciéndose responsable de esas industrias manufactureras. Sin embargo, «no
todas fueron rentables, en parte debido a su mala administración, pero no podían quebrar.
Sus pérdidas las debía asumir el Tesoro Público o el endeudamiento externo» (Orrego,
2014, p. 184). Es decir, las consideraciones asociadas a lo técnico y lo pragmático, que
son pilares fundamentales para el funcionamiento de toda empresa, no fueron valoradas
como debieron y eso fue contraproducente para el plan nacional.
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Cabe señalar que, como refirió Máximo Vega Centeno, la política de incentivos
fue empleada de manera provechosa por la industria, pero sin llegar a generar tecnologías
o innovaciones en los procesos de producción (Rojas, 2021, p. 224). Orrego (2014)
agregó que «en 1974, había 3,500 comunidades industriales con 200,000 obreros que
controlaban el 13 % de las acciones de sus empresas» (p. 185). Por lo tanto, los
empresarios, que no contaban con un plan a largo plazo, tampoco evidenciaron interés en
la propuesta del gobierno. Finalmente, en 1969, el gobierno militar se animó a intervenir
en las universidades a fin de sumarlas al plan, «pero los estudiantes radicalizados se
opusieron a la Ley Universitaria y convirtieron a las universidades en focos de oposición
al régimen. Se perdió así la colaboración de una institución fundamental para el desarrollo
manufacturero» (Rojas, 2021, p. 224). Por otro lado, «los gremios de trabajadores
sintieron que las reformas no satisfacían sus demandas y empezaron a presionar» (Orrego,
2014, p. 185). Como puede colegirse, las tensiones y el conflicto entre los diversos grupos
del campo industrial son decisivos para entender de qué manera se desarrolló el plan de
industrialización nacional.
Asimismo, la reforma agraria implicó la expropiación de 10.5 millones de
hectáreas 56 % de la superficie agrícola) según un informe del Instituto de Estudios
Peruanos (IEP) (El Comercio, 3 de octubre de 2021). El mismo documento señala que en
ese período las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1,200 empresas
asociativas o cooperativas, pero la mayoría de estas fracasaron rápidamente, siendo
parceladas o abandonadas (El Comercio, 2021, 3 octubre). Ahora, si bien es cierto que la
reforma agraria no tuvo el éxito económico esperado, el trasfondo y esencial logro fue la
dignificación del habitante ancestral del Perú, la transformación del indio en ciudadano
de derecho en términos pragmáticos, condiciones que habían sido escritas en documentos
pero que en la vida práctica eran completamente ajenas a ellos. Orrego (2014) agrega que:
el gobierno fue víctima de las expectativas que había generado entre los sectores
populares. Los viejos grupos despojados, a su vez, no ocultaron su horror ante la
usurpación de su patrimonio. La respuesta de los militares fue controlar poco a
poco los medios de comunicación hasta que, en 1974, se completó la
confiscación de los periódicos, la radio y la televisión. (p. 185).
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Esto se explica porque el sector de derecha era dueño de los medios de
comunicación masivos y los empleaba para expresar su sentir respecto del gobierno
militar. Se debe señalar que la Oficina Central de Información, creada por el gobierno
militar, tenía como responsabilidad realizar un filtro respecto de las noticias que se
publicarían, de ahí que, gran sector de la prensa nacional señalara esta práctica como
limitación a la libertad de prensa (Batalla, 1 de octubre de 2021). En este sentido, Rojas
(2021) defiende que «la estatización de la prensa fue una señal de debilidad del régimen,
pues se trataba de un sector relativamente pequeño que no representaba un peligro real
para la estabilidad gubernamental» (p. 255). Desde esta perspectiva, sería comprensible
que los medios de comunicación sintiesen rechazo por el gobierno de Velasco y que se
haya generado un discurso en su contra que podría ser vigente hasta la actualidad. En
cuanto a la debilidad de la que habla Rojas, se puede agregar que, en aquel momento, el
gobierno se encontraba frágil y «acosado por las fracturas internas de las FF. AA., el
estancamiento económico derivado de la crisis del petróleo y por el alza de las huelgas de
los sindicatos de oposición» (Rojas, 2021, p. 256).
La reforma educativa, se inició con la promulgación de la Ley Orgánica de la
Universidad Peruana N° 17437, en febrero de 1969, que continuó tres años después con
la publicación de la Ley General de Educación N° 19326, en marzo de 1972 (Sosa, 2019,
párr. 1). Sin embargo, las opiniones al respecto se asemejan a lo que Cornejo (1994)
señalaba:
La ley significó un cambio sustancial en la estructura universitaria tradicional.
Desajustó su organización clásica, hirió seriamente las organizaciones
estudiantiles de corte político y pretendió cambiar la mentalidad profesoral hacia
una organización moderna, cierto, pero de patrones extranjerizantes muy
ostensibles al servicio del capitalismo y las transnacionales. En un país, además,
de evidente retraso académico, con un profesorado de formación mediana y un
alumnado todavía más deficiente, esta ley estaba llamada al fracaso. Así fue. A
ella dispararon además los dirigentes estudiantiles altamente politizados, que no
permitieron siquiera rescatar algo de lo positivo que podría tener esta ley. (p. 45)
En adición, la propuesta académica tuvo mucha oposición del magisterio nacional,
y de su sindicato principal. No obstante, las críticas, el apoyo de Emilio Barrantes y la
junta académica con la que trabajó concibieron una propuesta que se correspondía con la
realidad nacional desde una perspectiva política, económica y social; la Reforma
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contemplaba una formación «que se preocupó de la educación más allá de las aulas y los
centros educativos, fue la única que buscó la articulación del sistema educativo formal
con la educación informal» (Delgado, 1992, p. 52). Dicho de otro modo, la propuesta se
basó en trascender las aulas, gestar ciudadanos comprometidos con la realidad, establecer
las bases necesarias para el desarrollo de oportunidades igualitarias y democratizar la
educación. Además, el Plan Educativo 1971-1975 vislumbraba un perfil de ciudadano
que sorprendió al mundo por ser una propuesta muy original y que integraba elementos
que antes no se habían considerado en ningún escenario, tal como la educación básica
laboral para adolescentes y adultos, la calificación profesional extraordinaria, la
educación especial, la educación en áreas rurales y extensión educativa, la educación con
núcleos comunales y la Junta Permanente de Coordinación Educativa (Barrantes, 1989,
p. 101).
Barrantes (1989) explicó que los ataques a la propuesta no fueron unívocos o
respecto de la calidad, «sino [que] por sectarismo político, resentimiento partidario o por
la condición humana» (p. 113). Asimismo, Palomino (1993) señaló que «Su fracaso se
debe a que fue muy mesiánica, muy utópica, inmensamente vertical […]. Por otra parte,
la economía no la ayudó sino en los primeros tiempos. Se hundió por sus propias
fallas» (p. 75). Entonces, la preocupación y las presiones ejercidas por los grupos
tradicionales estaban vinculadas a las ideologías latentes y a la preocupación por los
efectos para los intereses que tenían.
Tercero, el problema de las barriadas o los pueblos jóvenes también fue una
preocupación que tenía que el Estado. «Solo en la capital los migrantes superaban el
millón y la cifra iba en aumento. La situación era explosiva, especialmente cuando se
producían las invasiones a terrenos privados o del Estado» (Orrego, 2014, p. 185). Este
escenario fue atendido por el Sistema de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS)
que encontró como solución la repartición de títulos de propiedad, actividad a cargo de la
Oficina Nacional para el Desarrollo de Pueblos Jóvenes, una de las nuevas dependencias
estatales, un ejemplo de lo que Orrego (2014) señala como el crecimiento
desproporcionado de la estructura del Estado. Otra de las actividades que era objetivo del
SINAMOS fue «vincular al régimen con las cooperativas campesinas, los sindicatos
obreros y las organizaciones vecinales de la periferia urbana» (Orrego, 2014, p. 184). Es
en este tipo de prácticas que se puede identificar el motivo de las expectativas que tenía
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la nación respecto del gobierno y la razón por las que, después de algún tiempo, se
tornaron en diferencias.
Adicionalmente, la popularidad del régimen de Velasco decreció debido a los
problemas económicos que trajo el mercado internacional:
el gobierno amplió y aumentó el control de precios, sin considerar que al bajar los
precios agrícolas se perjudicaba a los agricultores en beneficio del mantenimiento
de un costo de vida por debajo del real en las ciudades […] ello generó el
espejismo de una bonanza urbana. (Pease, s.f., p. 232).
La situación se vio agravada por el crecimiento de la deuda pública:
Cuando se obtenían los primeros resultados positivos de la explotación petrolera
estatal en la selva, 1973, subió el precio del petróleo. […] Confiado en su éxito,
el gobierno hizo crecer el endeudamiento externo […] la deuda pública
internacional subió de 797 millones a 3 mil 66 millones de dólares y el porcentaje
de las exportaciones dedicado a su servicio, del 15 al 30 %. (pp. 232-233)
En consecuencia, la economía empezó un proceso de desplome que fue
incontrolable. Orrego (2014) agrega que «la situación económica terminó derrumbando a
Velasco. Cayeron las exportaciones (cobre, azúcar y harina de pescado) y no se
descubrieron nuevos yacimientos de petróleo. Aumentaron el déficit presupuestal y la
deuda externa» (p. 186), lo que incrementó las huelgas que –para 1975– se contabilizan
en 779, y un saqueo en Lima. (Orrego, 2014). Este fue el escenario para el fin de la
primera fase del gobierno militar.
Finalmente, cabe indicar que hubo sectores de la izquierda que fueron opositores
al Gobierno Revolucionario, bajo la razón de que Velasco fraccionó a la izquierda
quitándoles sus principales motivaciones de lucha (Pease, s.f.), incluido el APRA.
Posteriormente, tanto el APRA como sectores de la izquierda que empezaron a alejarse
del régimen y replantear sus propios objetivos harían caer al gobierno de Velasco. Ello
rompió el ideario político que existía hasta ese momento. Velasco hizo lo contrario que
pensaban hacer esos partidos (reformas provenientes del campo y/o proletariado), realizó
reformas desde el más alto nivel del Estado. Pease (s.f.) agrega que, «los partidos
democráticos rechazaron el gobierno de Velasco» (p. 233) y esto provocó que el régimen
respondiera, lo que a su vez aumentó la tensión entre los grupos e incrementó las
diferencias con el régimen.
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Así fue como la suerte de Estado corporativo (Orrego, 2014, p. 185) planteado
por el GRFA en el que la organización proponía una movilización desde arriba y que, con
las bases en la industrialización, el desarrollo económico y la reducción de conflictos
sociales, resultaría en la quiebra de «la espina dorsal de la oligarquía» (Pease, s.f., p. 232)
y terminó en la fragmentación social en varios niveles.
Conclusiones
Primero, han transcurrido más de 50 años y la nación, en más de una forma, sigue
padeciendo problemas semejantes a los que se tenían antes de la 1.ra fase del gobierno
revolucionario de las FF. AA. Asimismo, las FF. AA., permanecen vigilantes de la
seguridad e integridad territorial, laborando a lo largo de todo el país en el cumplimiento
de sus roles estratégicos. En este sentido, se adopta una férrea posición de respeto y
protección de la democracia que, debido a diferentes sucesos, ha costado alcanzar y que,
a veces, se encuentra cuestionada o resulta contradictoria para algunos ciudadanos.
Segundo, las reflexiones vertidas en este análisis no justifican las acciones que se
realizaron en la etapa abordada, sino que se plantea como aporte para aclarar que sus
protagonistas tuvieron una necesidad imperiosa y ulterior que quizás –hasta la fecha– no
sea entendida en su total magnitud. Asimismo, se han identificado cuatro ejes
fundamentales que se deben de considerar para toda reflexión de este periodo de la
historia: (1) Los activos críticos nacionales, así como las zonas geoestratégicas siempre
deben encontrarse bajo control del Estado; (2) hasta ahora, se debate por una verdadera
reforma educativa; ello va de la mano con la investigación, la cual es la base para la
innovación, autonomía, tecnológica y despegue industrial de nuestra nación; (3) la
identidad e identificación nacional, en los años setenta, tuvieron al nacionalismo como
elemento de impulso muy relevante a todos los hechos que acontecieron a partir del
gobierno del General Juan Velasco Alvarado; (4) la reforma agraria, brindó dignidad al
indio, volviéndolo ciudadano de derecho, desde la perspectiva del Estado, pero
fundamentalmente evitó que cuando emergió el PCP Sendero Luminoso, éste no tenga un
argumento tangible de lucha.
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Tercero, las Fuerzas Armadas tienen el deber de respetar irrestrictamente los
derechos fundamentales, siendo esta tarea el sostén más fuerte de la democracia y del
estado de derecho. Las acciones que se realizaron en esta 1ra Fase del Gobierno
Revolucionario de las FF. AA., en el contexto del tiempo y de las diversas problemáticas
nacionales que se vivía, merecen un análisis concienzudo, pues de no haberse realizado
en su momento, las amenazas que acontecían podrían haber atentado el debido desarrollo
del país y generado más problemas que soluciones.
Cuarto, lamentablemente, a partir del 29 de agosto de 1975, todas estas reformas
fueron desmanteladas sistémicamente, volviendo de manera progresiva a la anterior
dependencia extranjera la cual, hasta la fecha, impide la correcta educación, desarrollo,
industrialización y toma de conciencia de los verdaderos problemas que aquejan a la
nación.
Quinto, el régimen militar se desgastó a partir de la enfermedad de su conductor
y guía principal, y a lo que sobrevino en una serie de protestas, manifestaciones y paros
organizados por la sociedad civil, los cuales configuraron el advenimiento de la II Fase
del Gobierno Militar y una serie de contrarreformas a las que se había realizado. El
descontento popular desembocó en la inclusiva Asamblea Constituyente de 1979 que
produjo la Constitución de 1980 la cual, además de convertir al Perú, en un Estado
Nación, rescata las principales reformas hechas por los militares.
Sexto, el poblador del Perú requería reformas de tipo educativo, agrario e
industrial; reformas que los partidos políticos tradicionales fueron incapaces de realizar.
Se buscó el desarrollo industrial autogestionario, para garantizar independencia
económica lo cual implicó la transformación de un país que era oligárquico, en donde
reinaba la servidumbre y el gamonalismo.
Sétimo, en el actual espacio y tiempo histórico, las principales reformas en la
historia republicana fueron concebidas por militares como Luis Miguel Sánchez Cerro
(Constitución de 1933), Manuel A. Odría Amoretti (Grandes edificaciones del estado),
Nicolás Lindley López (Creación del Sistema Nacional de Planificación), las que, junto
con Juan Velasco Alvarado, muchas veces no son estudiadas o tomadas en cuenta en la
memoria colectiva, lo que desvirtúa el conocimiento y preparación que tuvieron los
militares en la conducción de la nación, cuando les ha correspondido la oportunidad de
gobernar.
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