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LA METAMORFOSIS: UNA EXPLORACIÓN AL
NARCOTRÁFICO, CRIMEN ORGANIZADO E
INSURGENCIA EN CHILE
THE METAMORPHOSIS: AN EXPLORATION OF DRUG
TRAFFICKING, ORGANIZED CRIME, AND INSURGENCY IN
CHILE
PP. 16-37
Roberto Lagos Flores
roberto.lagos@utem.cl
Universidad Tecnológica Metropolitana
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9523-3349
Cientista Político. Magíster en Sociología. Diplomado en Seguridad Ciudadana. Diplomado en
Terrorismo, Pandillas y Grupos Violentos. Cursando un doctorado en la Universidad del País
Vasco, España. Docente universitario.
Recibido: 28 Nov 22
Aceptado: 03 Feb 23
Publicado: 17 Feb 23
DOI: https://doi.org/10.58211/recide.v4i1.96
Resumen
Este artículo analiza los principales factores de cambio ocurridos en Chile en materia de
narcotráfico, crimen organizado y acción insurgente en ciertos lugares del país. Se fundamenta,
primero, la hipótesis de que el país ha dejado de ser solo una ruta de paso para la droga y se ha
convertido en lugar de destino (receptor), sobre la base de un conjunto de hechos que lo ubican en
una nueva categoría dentro del mapa del narcotráfico regional, pese a que sigue vigente su rol de
país de tránsito (transmisor); segundo, se argumenta su rol en un entramado incipiente de redes
trasnacionales de crimen organizado conectadas con estructuras locales que están en pleno
desarrollo, dedicadas a ilícitos de cierta envergadura en el mundo narco; tercero, se describe la
presencia de asociaciones ilícitas que operan aún en zonas acotadas del territorio nacional y que
reivindican una lucha subversiva y delictual.
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Palabras clave: crimen organizado; seguridad pública; delincuencia; violencia;
narcotráfico; Chile.
Abstract
This article analyzes the main factors of change that have occurred in Chile in terms of drug
trafficking, organized crime, and insurgent action in certain parts of the country. First, it is based
on the hypothesis that the country is no longer just a transit route for drugs. and has become a place
of destination (receiver), based on a set of facts that place it in a new category within the regional
drug trafficking map, despite the fact that its role as a transit country (transmitter) continues;
second, its role is argued in an incipient network of transnational organized crime networks
connected with local structures that are in full development, dedicated to crimes of a certain
magnitude in the narco world; third, the presence of illicit associations that still operate in limited
areas of the national territory and that claim a subversive and criminal fight is described.
Keywords: organized crime; public security; crime; violence; drug trafficking; Chile.
Introducción: crisis de seguridad en Chile
El crimen organizado ha logrado igualar a nivel mundial el número de homicidios con el de
todos los conflictos armados en el siglo XXI (Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el
delito, 2020a). Analizar los homicidios obedece a una razón: es una aproximación a la estrecha
correspondencia que tienen el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas juveniles con
grupos insurgentes o terroristas. Esta correspondencia es mayoritaria y muy notoria en
Hispanoamérica. Un dato relevante: «los países con los niveles de muertes violentas y homicidios
más altos, en particular en África y América Latina y el Caribe, tienden a incautar un mayor
porcentaje de armas de fuego vinculadas con delitos violentos» (Oficina de Naciones Unidas contra
las drogas y el delito, 2020b). La violencia letal se convierte en un medio para lograr más poder,
pero también para obtener más ventajas económicas (Gambetta, 2007). En efecto, mientras se
cometen más asesinatos más poderosos se vuelven los grupos de crimen organizado o las pandillas
que dominan amplios territorios. El crimen organizado, el narcotráfico y la acción radical violenta
son problemas globales que desestabilizan a los países, socavan la democracia, debilitan el
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desarrollo socioeconómico y hacen prácticamente inexistente el Estado de Derecho. La reducción
drástica de toda forma de violencia letal es un objetivo clave para la comunidad internacional, sin
embargo, los gobiernos del subcontinente lucen resultados completamente insatisfactorios.
En el caso chileno lo primero que se puede afirmar es que el país no ha sufrido los efectos
perjudiciales del crimen organizado como los han padecido otras naciones de la región. Su
magnitud es menor en términos comparados, pero las señales actuales son de preocupación. En
efecto, en este artículo se realiza un análisis del caso chileno con base en información secundaria,
documental y comparada, es decir, examinando fuentes oficiales, como los datos policiales
emanados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como también del ámbito de persecución
penal; así mismo se integra abundante material proveniente de investigación periodística de primer
nivel, que usa como base información de organismos policiales y judiciales, interpretándolas en
nuestro caso como «indicios indirectos» de la acción delictiva, de tal modo de superar la ausencia
de datos confiables o de fuentes de información oficial, las que son tan esquivas a la hora de estudiar
este campo. De este modo, se usa información actualizada y pública basada en evidencia para
identificar hechos e hitos que evidencian y describen las tres dimensiones antes señaladas,
narcotráfico, crimen organizado e insurgencia, estableciendo algunos factores que podrían explicar
la metamorfosis del actual contexto criminal chileno e identificando algunas estrategias posibles
para revertir o al menos contener este nuevo escenario.
Pues bien, la Fiscalía nacional chilena ha definido que: «el crimen organizado no es un
delito en sí mismo, se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los
que actúan grupos de personas en forma organizada» (Fiscalía nacional, 2022)
1
. Una definición
complementaria, fruto de la reflexión académica, es la entregada por Giménez-Salinas (2012):
«cualquier organización creada con el propósito expreso de obtener y acumular
beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades
predominantemente ilícitas y que asegure su supervivencia, funcionamiento y protección
mediante recurso a la violencia y la corrupción o la confusión con empresas legales». (p.
14)
1
Los tipos de delitos son: 1) lavado de dinero «incluye tráfico de drogas, de armas, trata y tráfico de personas, violación
de ley de mercado de valores, corrupción, secuestro y sustracción de menores», 2) delitos de trata y tráfico «tráfico
ilícito de migrantes y trata forzada, esclavitud, servidumbre o similares», 3) terrorismo «artefactos explosivos e
incendio terrorista», 4) armas «porte y tenencia ilegal de armas», y 5) asociación ilícita.
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Esta noción coincide en relevar aspectos como permanencia temporal, obtención de bienes
materiales y el uso de la violencia. Del mismo modo lo sostienen Giménez-Salinas y De la Corte
al señalar que se trata de delitos con las condiciones de tener, primero, un nivel de planificación y,
segundo, la participación conjunta de varios individuos (2010, p. 19). Estos mismos autores indican
que para medir la extensión del crimen organizado se deben analizar tres aspectos: la cantidad de
grupos organizados (sus rasgos, recursos), los mercados ilegales (o legales) de donde se benefician
y las actividades instrumentales que realizan para sus negocios (como la corrupción y la violencia).
En efecto, el concepto admitido en este trabajo aplicado a la realidad chilena, es concebir el crimen
organizado sobre la base de ciertas características: primero, son organizaciones que tienen una
existencia continua y colectiva en el tiempo; segundo, grupos que operan racionalmente
persiguiendo maximizar sus beneficios, ya sean económicos u otro bien de orden material, es decir,
el tipo de estructura de negocios tal cual lo demostró Gambetta en su clásico libro sobre la mafia
(2007); en tercer lugar, que de modo preferente, pero no exclusivo, son grupos que utilizan la fuerza
y/o la amenaza del uso de la fuerza para existir y asegurar su porvenir; y finalmente, algo muy
distintivo de otras organizaciones que podrían compartir estos supuestos, es que desarrollan o
favorecen la corrupción, la debilidad y el desorden gubernamental (quebrantando la
institucionalidad del Estado y el mismo Estado de derecho) con el fin de mantener la impunidad.
Sobre la base de esta conceptualización integradora, es decir, 1) participación de un grupo de
individuos 2) sostenida en el tiempo que 3) operan racionalmente para lograr bienes materiales, 4)
que utilizan la fuerza y la violencia y 5) son capaces de quebrantar la institucionalidad pública; se
aplica el análisis del proceso transformador que vive Chile y su creciente crisis de seguridad.
Ahora bien, antes de abordar el análisis, hay un factor que sigue siendo problemático en la
literatura especializada: la relación entre terrorismo y crimen organizado. Cuestión esencial para
estudiar la presencia y actuación de ambas actividades en la realidad chilena. Giménez-Salinas y
De la Corte (2010) señalan que hay una semejanza básica entre ellos: ambos tipos de organización
usan métodos similares, pero han evolucionado, lo central es distinguir su actividad principal, ello
permite diferenciar al grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) del grupo ex Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mafia, el primero de carácter terrorista, el segundo
de carácter organización criminal. Para el primero, el terrorismo se aplica como un método de
coacción social, similar a lo realizado por los grupos insurgentes chilenos, generando publicidad e
impacto emocional en la comunidad, cuya finalidad es política. En el caso del segundo, su finalidad
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es el mercado ilícito y su actividad se dirige a aumentar sus beneficios económicos. No se debe
olvidar la convergencia de métodos y técnicas entre ambos grupos, sin embargo, para efectos de
este análisis se diferencian en cuanto a su finalidad.
Presencia del crimen organizado en Chile
Estudiar científica y rigurosamente a grupos organizados del crimen es una tarea muy
compleja. La información es escasa, difícil de encontrar en fuentes abiertas y existen dosis de
reserva o confidencialidad, por parte de las entidades encargadas de la materia. No obstante, desde
una perspectiva documentada en materia de informes de entidades públicas (ministeriales, balances
policiales y reportes de gobierno), datos y estadísticas oficiales, publicaciones y notas de
investigación periodística y diversos testimonios es posible acercarse a esta realidad para evaluar
su magnitud, sus características y consecuencias, a partir de los conceptos definitorios considerados
anteriormente. Fruto de este repertorio conceptual y de datos acumulados en el tiempo es que
resulta posible afirmar que Chile vive una metamorfosis: ha dejado de ser un país tan solo de ruta
de paso para la droga y se ha convertido en lugar de destino (receptor), de consumo y de producción
de droga, como la marihuana creepy (principalmente para consumo interno). Este tipo de droga ha
sido detectada para consumo en Venezuela, Ecuador y Chile, es más adictiva que la marihuana
tradicional, se mezcla con pasta base y produce una cadena de suministros desde su origen en
Colombia hasta las poblaciones más pobres del entorno urbano chileno. Esta nueva categoría de
Chile dentro del mapa del narcotráfico regional se da además por el rápido crecimiento de bandas
narco locales, por sus lazos con mafias internacionales, el alza en el tráfico y uso de armas, y el
creciente delito de robo de madera y drogas en la macrozona sur, para financiar asociaciones
insurgentes que tienen un fin político de combate al Estado nacional.
En efecto, es posible revisar datos que indican un crecimiento acumulado y sostenido en
los niveles de incautación, por parte de las policías, de bienes ilícitos que dan recursos millonarios
a estas organizaciones. Según la Subdirección de Inteligencia y Seguridad migratoria de la Policía
de Investigaciones, en el primer semestre de 2021 se incautaron 11 toneladas de drogas, lo que
significa el doble de lo requisado en 2020, lo que se descompone en 1.881 kilos de cocaína y 9
millones 158 mil dosis de marihuana (Policía de Investigaciones de Chile, 2021a). Además, solo
el 66% de los detenidos por esta incautación fueron chilenos. Adicionalmente: la incautación de
marihuana (erradicación de cultivos de Cannabis Sativa) se incrementó en un 218% entre 2020 y
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2021 en todo el territorio nacional. La fundación internacional Insight Crime (2022) respalda este
cambio en su informe sobre Chile describiendo plantaciones de marihuana descubiertas en zonas
montañosas, como Cabildo, Coquimbo, Valparaíso, lo que revela el incipiente rol chileno como
productor de la planta de cannabis:
«Chile es un lucrativo mercado para la marihuana. La tasa de consumo se duplicó
de 2008 a 2018 (…) el mercado de la marihuana del país estaba valuado en US$630
millones (…) Dada la altísima demanda, es probable que los productores chilenos
continúen pensando en los cultivos a gran escala a pesar de los considerables
riesgos.»
De acuerdo con el Informe del Observatorio del narcotráfico (2021) es posible sostener que
Chile sufre una acelerada transformación porque aumentó el suelo nacional para la producción
local de sustancias ilícitas, aumentó el decomiso de marihuana elaborada y creció la presencia de
brazos armados de carteles internacionales de droga operando en el país: «Se logró identificar 16
rutas internacionales principales y 20 rutas internacionales secundarias que son empleadas por las
organizaciones criminales para internar droga.» (Fiscalía nacional, 2021, p. 128). Esto da cuenta
de un hecho sintomático y definitivo: se incrementa la producción y tráfico de drogas evidenciando
una diversificación de este negocio y un lugar propicio para la producción de estupefacientes en
un nivel nunca visto. Para refrendar lo anterior es posible constatar en la tabla siguiente el
crecimiento de la incautación de algunas drogas particularmente nocivas, como LSD y éxtasis,
también la marihuana
2
. En particular el aumento en LSD, 2C-B o éxtasis, por ejemplo, es un indicio
del alza de este mercado nacional y de la peligrosidad para los consumidores de esta sustancia.
2
Se puede sostener un incremento ostensible de la droga a partir de su medición por las incautaciones que de ella hace
la policía, aunque esto no implica la presencia de más droga circulando ya que eso puede ocurrir por una mejor labor
investigativa de la policía. No obstante, es un indicador aproximado al análisis de esta realidad.
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Tabla 1
Incautaciones de drogas en Chile (2018 - 2020)
Tipología
2018
2019
2020
Variación
último año
Clorhidrato de cocaína (gr.)
5.518.333
4.889.408
5.175.938
6%
Pasta base de cocaína (gr.)
14.059.089
7.412.008
7.476.228
1%
Marihuana (gr.)
16.838.979
20.612.998
25.044.042
21%
Matas de marihuana, unidades
249.782
231.450
285.629
23%
Éxtasis, polvo en gramos
24.667
85.005
100.687
18%
LSD, unidades
2.638
8.490
29.980
253%
2C-B,3 unidades
283
789
26.323
3236%
Nota: Elaboración propia con base en datos de la Fiscalía nacional, 2021
Ahora bien, otras fuentes indican que lo ocurrido en 2021 y 2022 es igual de preocupante
para la situación de la cocaína y su consumo interno. En un solo operativo en enero de 2022 se
logró incautar a once presuntos integrantes de una organización narco que tenía en su poder más
de 2.000 kilos de sustancias prohibidas, principalmente clorhidrato de cocaína. Este caso mostró
las conexiones entre organizaciones ilícitas internacionales que establecen contactos con bandas
locales con el fin de incrementar su presencia en el país dentro del mercado ilegal de drogas,
cuestión que hace un lustro no ocurría: “se observa como tendencia el notorio aumento de la
capacidad de producción de drogas en suelo chileno, y como amenaza, el involucramiento en este
proceso, de poderosas organizaciones criminales extranjeras” (Fiscalía nacional, 2021, pp. 105-
129).
En efecto, en Chile, a diferencia de una década atrás, se distingue de manera nítida la
presencia de organizaciones criminales, más violentas y masivas, relacionadas con el crimen
organizado, nacional y trasnacional. Diversos informes dan cuenta de que existe una multitud de
entidades operando en territorio nacional y son, en parte, responsables del alto nivel de inseguridad
que tiene la población: el 84,3% de la población cree que aumentó la delincuencia en el país el
3
La droga sintética 2C-B es conocida como cocaína rosa «tusi» similar estructuralmente a la anfetamina y derivados.
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último año (Instituto Nacional de Estadísticas, 2021). Mucho de ese temor tiene que ver con la
interacción de tres componentes: drogas, armas y violencia. En el sentido de que el mercado de
drogas ha crecido en el país en entornos urbanos medios y populares y también en el mundo rural
y regional, que existen de manera clandestina circulando y en uso armas de fuego robadas a sus
dueños, armas fabricadas por grupos criminales, armas adaptadas y otras que son impresas con
nueva tecnología 3D lo que hace más difícil su trazabilidad y decomiso, adicionalmente, que para
enfrentar a grupos rivales como para enfrentar a las policías y cometer delitos se hace uso de la
violencia y de la violencia letal, conociéndose muchos casos de sicariato o de ajuste de cuentas.
Como se señaló arriba, respecto de que el nivel de homicidio en una sociedad es un
indicador válido para aproximarse al crimen organizado (mediante la hipótesis de que podrían
indicar el asentamiento de grupos criminales), se pueden observar los datos públicos de la
Subsecretaría de Prevención del Delito. Este indicador muestra un incremento sostenido hasta el
año 2020, no obstante, Chile llegó a tener una tasa altísima de 4.6 asesinatos por cada 100 mil
habitantes durante 2020.
Tabla 2
Delito de homicidio en Chile (2017 - 2021)
Tipología
2017
2018
2019
2020
2021
Frecuencia de Homicidios
638
654
692
889
695
Aprehendidos por Homicidios
300
262
265
257
192
Denuncias por Homicidios
303
335
363
538
437
Tasa de Homicidios
3,5
3,5
3,6
4,6
3,5
Nota: Adaptado en base en datos del Centro de Estudios y Análisis Delictual (CEAD), 2022
Narco y Crimen Organizado en Santiago y regiones
Se puede afirmar que existe una amplia presencia de delincuencia organizada de carácter
autóctono en el país, es decir, conformada por nacionales que son fruto de clanes familiares y redes
barriales con historia común en ciertos sectores (simbólicos) de las ciudades, que llevan a cabo
actividad ilegal relacionada con drogas, robos, asaltos, pequeñas mafias intercomunales, y que
practican acciones de intimidación y violencia con grupos competidores y por cierto contra los
agentes de la ley. Estas bandas locales operan en la periferia del gran Santiago, en zonas del sector
norte, como Renca, Huechuraba, Quilicura, pero también en la zona sur capitalina, como La
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Pintana, El Bosque, La Granja, Puente Alto, Lo Espejo, entre otras. En estos sectores habitan
diversas bandas que pueden ejercer lazos de cooperación, pero que a fin de cuentas compiten por
el mercado de drogas de la región metropolitana y hacia otras regiones del país. El mercado en
disputa son marihuana, pasta base de cocaína y cocaína. No obstante, también participan de otros
mercados como drogas sintéticas para un público minoritario aún, pero dispuesto a pagar grandes
sumas de dinero por estas sustancias y el creciente y lucrativo tráfico de armas y de municiones
para alimentar a la guerra criminal subterránea que vive el país.
Un ejemplo clásico es la zona de la Legua Emergencia, comuna de San Joaquín, cuyo
territorio es lugar de disputa de larga data entre clanes familiares en su lucha por el mercado de la
droga en la zona sur de la capital. Baste recordar que en 2021 se desbarató una de las bandas que
operan en el sector, la banda de Richard Zamora «el guatón Nacho», líder formalizado por tráfico
de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Este cabecilla de grupo tenía a más de 20 amigos
y familiares trabajando para él bajo una estructura de testaferros, agentes de protección y seguridad,
personas dedicadas al acopio y distribución de drogas y que, aún desde la cárcel, continúan con las
operaciones ilícitas en su población. Este es un ejemplo que se multiplica acaso por cientos.
Argumentado la transformación del mundo narco chileno se puede apreciar que también en el
sector sur de Santiago conviven las bandas rivales «Los Cochinos» y «Los Cochelos», clanes que
tienen ramificaciones familiares dedicadas al tráfico de pasta base, marihuana y cocaína,
verdaderos enemigos acérrimos. Su labor es conocida por policías y fiscales, son investigados
recurrentemente, pero no han logrado frenar ni limitar su intervención criminal, ni menos capturar
a sus miembros y cuando lo han logrado obtienen penas bajas y salen pronto en libertad. Ambos
grupos se enfrentan recurrentemente en diversos puntos de la comuna, lo que ha terminado incluso
en homicidios. Los Cochinos comenzaron como una pequeña empresa familiar, en cambio, Los
Cochelos son una agrupación relativamente nueva, integrada por jóvenes. Esto último es un claro
síntoma de los cambios acontecidos en el mundo del hampa nacional, porque esta última banda es
popular, no mantienen códigos callejeros de la vieja escuela del delito (como Los Cochinos), les
gusta ostentar, mostrar las armas en redes sociales, hacen propaganda de su organización, se dejan
ver en el espacio público y en los narcofunerales (con fuegos artificiales y ráfagas de sus armas de
fuego en las calles a vista de la población) y son capaces de desafiar a rostro descubierto a sus
adversarios, sin preocuparse del anonimato. Esto es el reflejo del cambio generacional de las bandas
organizadas, de la penetración de nuevas tecnologías y costumbres de clanes y mafias de otros
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países, para quienes el silencio y los códigos de no ejercer violencia en los barrios donde residen
son cosa del pasado. Ahora la violencia ocurre en su entorno cercano y la ejecución de rivales es
cosa común.
El origen de muchos homicidios son las disputas entre bandas rivales o por apropiación de
territorios. Aún más, los patrones de comportamiento y el perfil de los homicidas son distintos a lo
observado al menos hasta el inicio de la pandemia del COVID-19, es decir, desde 2020 hasta la
actualidad el uso cotidiano de armas ha aumentado, la forma de asesinar y el vínculo entre víctima
y victimario ha mutado completamente. Los estudios del Departamento OS.9 de Carabineros
muestran que las muertes violentas poseen múltiples impactos balísticos en el cráneo o partes
vitales. Los antecedentes de imputados por homicidios indican conductas antisociales previas,
variadas detenciones, especialmente por uso y porte armas, son extranjeros en situación migratoria
irregular, cometen asesinatos en plena vía pública, en zonas céntricas (no en áreas periféricas como
en el pasado), a plena luz de día y siguiendo la rutina de la persona víctima. En definitiva, hay un
actuar planificado, con información de las víctimas y donde el crimen por encargo es lo creciente:
asesinato a cambio de dinero en efectivo.
También se puede sostener que existen grupos de delincuencia organizada nacional en
alianza con extranjeros, o sea, una mixtura de chilenos con ciudadanos de nacionalidades distintas,
que ejercen influencia y labores muy concretas dentro de la estructura piramidal de las
organizaciones delictivas, con fines de integración, aprendizaje y mejora en sus esquemas
delictivos. Muchas veces, estos participantes de origen extranjero actúan como jefes de la banda y
sirven de guía a otros más inexpertos o jóvenes chilenos que están en formación, como en cualquier
empresa. De hecho, hay registros de que algunos foráneos son líderes de bandas de crimen
organizado que maniobran en Chile, por ejemplo, asociándose con inversionistas titulares
nacionales para facilitar la exportación de cocaína (Centro de Investigación Periodística, CIPER
Chile, 13/07/2022). Este hecho da cuenta de que se ha importado experiencia criminal, redes de
contacto, nuevas formas delictivas, pero también entrenamiento avezado para hacer frente a la
guerra narco que se libra en las poblaciones y que se enfrentan abiertamente a las policías con
armas y tácticas de alto nivel.
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Finalmente, también se ha detectado la presencia de delincuencia casi exclusivamente
extranjera en Chile. Un caso emblemático es la presencia del Cartel de Sinaloa de origen mexicano,
quienes usan a enlaces nacionales para su inserción en el país, pero donde toda la estructura de la
organización sigue siendo extranjera, sin injerencia de nacionales. Los chilenos participan
mínimamente en la red de esta mafia internacional, actúan como informantes, enlaces, apoyo
logístico, pero la rentabilidad, toma de decisiones y estructura del negocio sigue siendo
celosamente custodiada y dirigida desde el exterior. De hecho, investigaciones periodísticas de
medios como CIPER Chile, diario La Tercera y Radio Biobío, basándose en la presencia de este
cartel mexicano en Chile, han mostrado la actuación (incipiente aún, pero significativa) de otros
carteles internacionales que usan puertos, navíos, activos, recursos humanos y logísticos y se
mueven en amplias zonas del territorio nacional. Un ejemplo mediático es el que mostró que
Ricardo Salazar Tarriba, brazo operativo de la organización de narcotráfico mexicana, viajó a Chile
en 2020 para analizar el mercado chileno y sellar negocios que se habían pactado desde Sinaloa,
México (Diario La Tercera, 14/01/2022). Igualmente, ya existen detenciones de integrantes de la
mega banda internacional, El Tren de Aragua, originaria de Venezuela, conocida por su dedicación
al tráfico y trata de personas en diversos puntos del continente.
Más allá de las conexiones internacionales, el amplio mundo narco chileno se relaciona
directamente con el mercado de las armas, propio del aprendizaje y adaptación moderna derivada
de grupos violentos que extienden su campo de actuación y deben recurrir cada día a mayores dosis
de violencia para sobrevivir y crecer. La circulación de armas durante 2021 y 2022 se ha convertido
en una preocupación nacional, lo que ha derivado en una nueva legislación para combatirla (ley N°
21.412 de 2022). Un ejemplo sobre esta realidad es la que ocurrió en noviembre de 2021, en
dependencias de Aduanas de Chile, donde se detectaron encomiendas dirigidas a la ciudad de
Temuco en cuyo interior se encontraron partes metálicas y plásticas correspondientes a cargadores
para fusil AK y AR15. Este caso es llamativo y está relacionado con la actividad criminal de la
macrozona sur del país (regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). De acuerdo
con información oficial hay un aumento en materia de infracción a la ley de armas en los últimos
años, pero también del hallazgo de armas y de la tenencia ilegal de armas.
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Tabla 3
Delitos de infracción a la ley de Armas en Chile (2020 - 2021)
Tipología
2020
2021
Variación
Infracción a ley de armas
7.878
8.444
7%
Hallazgo de armas o explosivos
363
422
16%
Porte de armas
4.497
4.351
-3%
Tenencia ilegal de armas o explosivos
857
916
7%
Nota: Adaptado en base en datos de CEAD, 2022
Finalmente, cabe destacar la notoria particularidad que posee la zona norte del país, en
particular las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, zona fronteriza con Bolivia
y Perú, donde se está produciendo un fenómeno similar a las triples (o múltiples) fronteras que se
dan en otras latitudes del continente y que son terreno fértil para el crimen organizado
transnacional. Baste recordar lo ocurrido en Paraguay, Argentina y Bolivia donde existen
antecedentes de la participación del grupo criminal Primer Comando Capital y de clanes locales en
el control de rutas y en el aseguramiento de flujos de cocaína y de marihuana por los tres países;
como también la temida triple frontera de Honduras, Nicaragua y Guatemala, lugar en que se
desarrollan economías ilícitas de alto nivel de organización y de rentabilidad para las mafias. En el
caso chileno, es creciente el delito de trata de personas organizado por bandas criminales
conectadas entre Bolivia y Chile, adicionalmente se presenta el contrabando de vehículos y de
piezas y partes de automóviles, principalmente de alta gama. Sin embargo, el mayor negocio con
implicación trasnacional es la inmigración clandestina fomentada por grupos y personas que lucran
con ello (personas particulares, empresas de buses y empresas fachadas de turismo) especialmente
relevante es la implicancia de miembros del Tren de Aragua que está dedicado a la trata de personas
en esta triple frontera. Esta inmigración irregular con injerencia de grupos criminales
transnacionales tuvo su cúspide en 2021 y 2022 y activó, de parte del gobierno chileno, la
declaración de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (Diario Oficial, 14 de febrero
de 2022) que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de colaboración a las
policías para resguardar las fronteras y contener los delitos que llevaron a la alta sensación de
inseguridad de la población. Adicionalmente, según datos de Carabineros de Chile solo en la región
de Tarapacá se registró un ingreso irregular de 12.790 personas en 2021, cifra altísima respecto de
2020 que registró el ingreso de 576 personas (incremento de un 3.032%). En esta región en 2021
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se certificó un aumento de 277% en cuanto a infractores extranjeros por delitos de droga en
comparación al año 2020, pasando de 160 a 443 infractores en un año. Además, en materia de
delitos violentos en 2020 se registraron 5.556 extranjeros detenidos (dicho sea de paso, un 27% de
la región, con 20.417 detenidos en total), en tanto, en 2021 se registraron 7.059 aprehendidos, lo
que agrupa el 47% del total de detenidos (16.608 en total). Se concluye un aumento de 27% de
personas extranjeras detenidos por delitos violentos en un año (1.503 aprehendidos más).
4
En suma,
en esta frontera se desarrollan actividades delictivas al alza debido al escaso control policial y del
ejército de todos los países, pero principalmente porque son zonas de amplia extensión territorial
y con factores climáticos adversos para el control de la movilidad humana.
Asociaciones Insurgentes y Crimen Organizado en Macrozona Sur
Se ha dicho que el crimen organizado no tiene ideología ni principios políticos, porque
básicamente se enfocan en su negocio ilegal (Gambetta, 2007), a diferencia de otras entidades como
los grupos terroristas que escudan y defienden sus acciones en un discurso y una cosmovisión
fuertemente ideologizada. No obstante, aunque unas y otras pueden compartir métodos violentos,
desde la literatura especializada se ha demostrado que es frecuente que ciertos grupos de crimen
organizado posean conexiones fuertes, incluso históricas, con visiones o corrientes políticas e
ideológicas. Hay lazos entre bandas criminales y grupos políticos terroristas, cargados con
ideología (marxista, maoísta, antisistema, nacionalista-étnica, entre otras vertientes), naciendo así
lo que podría denominarse como «insurgencia criminal», es decir, la formación de colectivos que
tienen claros y notorios puntos de contacto, conexiones sostenidas en el tiempo, entre actividades
ilícitas (que por cierto provocan temor en la población) y fines político-ideológicos, que son
compartidos con otros grupos de naturaleza política (partidos y movimientos) o que se transforman
en sus socios o aliados (Bardal y Serrano, 2005; De La Corte y Giménez-Salinas, 2010). En
consecuencia, para la opinión pública en general o para la población afectada se hace muy difícil
distinguir bien cuál es la finalidad de cierto grupo violento: ¿Es el simple mercado ilícito, es la
imposición de una ideología en determinada sociedad o es la toma del poder para lograr todo lo
anterior? Hay muchos ejemplos de este tipo de vínculo entre el crimen organizado y vertientes
políticas e ideológicas en Iberoamérica. Un ejemplo que resulta similar con la problemática chilena
es el caso de los grupos disidentes de las FARC (que en la literatura se los denomina ex FARC-
4
Datos provistos por Carabineros de Chile con base en solicitud de información vía ley de transparencia (abril 2022).
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Mafia) quienes se han convertido en una organización vinculada al crimen organizado. Son un
colectivo que se mueve dentro de la esfera de la violencia política, es decir, que intenta ejercer
funciones de gobierno (orden público, cobro de impuestos, regulación de la vida en las zonas donde
ejercen su poder, etc.), sin embargo, su propósito siempre fue el control efectivo sobre todo el
territorio y desde siempre se han vinculado con el tráfico de estupefacientes, el secuestro y la
extorsión, es decir, realizan acciones al margen de la ley destinadas a generar recursos y dinero
para financiar sus acciones políticas de la mano de su discurso radical.
Este tipo de organizaciones insurgentes latinoamericanas que han sido ampliamente
estudiadas y han enfrentado la persecución de cada uno de los gobiernos nacionales han dado lugar
al fenómeno híbrido del narcoterrorismo y de la insurgencia guerrillera (ambos con fines políticos
de disputa frontal al Estado), en una amalgama entre discurso político insurgente y crimen
organizado. Sobre esa base es que se podría afirmar que lo mismo ocurre en la macrozona sur del
país con grupos de similares características: radicalidad violenta, enfrentados al Estado, a sus
instituciones y a sus leyes; protegen sus territorios con tácticas de guerrilla y establecen economías
ilícitas paralelas, como el robo de madera, la producción y distribución de droga como la marihuana
y las usurpaciones de tierra, entre otras.
Por ahora son seis las asociaciones ilícitas más conocidas e investigadas en el sur de Chile
y que responden a las características enunciadas: 1) la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo
principal anhelo es la lucha autonomista territorial y cuyos líderes están enfrentando a la justicia;
5
2) la Comunidad Autónoma de Temucuicui (CAT) cuyo líder está acusado por infracción a la ley
de drogas;
6
3) la Weichan Auka Mapu (WAM)
7
, grupo integrado por sujetos condenados por su
autoría en el asesinato de un matrimonio de ancianos; 4) la Resistencia Mapuche Lavkenche
(RML),
8
movimiento que tiene como integrantes a condenados por atentados a fundos con penas
que suman más de 16 años de presidio; y 5) la Resistencia Mapuche Malleco (RMM),
9
esta última
5
Esta entidad nació en 1997 como una organización político - militar que busca la recuperación y la independencia de
sus territorios, posee brazos armados -llamados Órganos de Resistencia Territorial (ORT)- que ejecutan ataques
armados incendiarios a viviendas y empresas forestales.
6
La CAT es una organización que busca la autonomía política y territorial cuyo líder se encuentra prófugo de la justicia
luego de ser condenado a 541 días de reclusión domiciliaria nocturna por infracción a la ley de drogas debido a que se
incautaron 50 plantas de marihuana en su predio y 16 kilos de cannabis sativa en proceso de secado.
7
La WAM nació en 2016 escindidos de la CAM y se han adjudicado ataques a iglesias, colegios y maquinarias
forestales en la macrozona sur, también bajo el discurso del territorio reivindicado.
8
La RML opera en Biobío desde 2020, es una ORT que se ha adjudicado diversos atentados y ataques.
9
La RMM nació en 2011 y es una de las agrupaciones más radicalizadas de la zona desmarcándose de los delitos
cometidos por la CAM y la WAM. Opera en La Araucanía y rechaza el diálogo con las autoridades.
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de data más reciente y especialmente radicalizada. Otra organización emergente con alta
connotación pública es la Liberación Nacional Mapuche (LNM) que le disputa el espacio a la
CAM, adjudicándose ataques incendiarios en La Araucanía y Biobío. No obstante, se debe
reconocer que no todos estos grupos son entidades robustas y sólidas, más bien presentan fricciones
y tensiones propias de su actuar al margen de la ley, tienen escisiones y diferencias en su
comportamiento político-militar.
Pues bien, todos estos grupos radicales tienen ciertos rasgos comunes. En primer lugar, un
discurso esencialmente insurgente (de recuperación de tierras como las FARC), se apropian con
violencia de una comunidad local que en el discurso y en la práctica se enfrenta el Estado-nacional
a través de demandas históricas de tipo reivindicativo propias de grupos separatistas (tierras,
cultura, símbolos), pero que paralelamente -y cada vez con mayor intensidad- ejercen acciones de
tipo guerrillero cometiendo delitos tan graves como secuestros, torturas, extorsión, usurpación,
ataques a policías y militares e incluso homicidios. Igualmente son poderosos en áreas tradicionales
del crimen organizado como el tráfico de drogas (marihuana), el robo de madera, el cobro de
impuestos a agricultores y amenazas a las comunidades locales, cuestiones que han ocurrido
también en Colombia y Perú con organizaciones similares. La dimensión violenta y organizada de
estos grupos es esencial para comprender su real dimensión y el peligro que representan para el
Estado de derecho y la gobernabilidad en el país.
Los argumentos que sostienen el carácter de crimen organizado de estas orgánicas son
contundentes: integran en su accionar el carácter reivindicativo de «la violencia institucional»
sufrida por ellos (propiciada por el Estado-nación y por la historia) y el carácter de grupo que
practica acciones violentas y el negocio ilegal de la droga, tráfico de armas y ataques contra la
población civil y uniformada. Es decir, no solo se adjudican los delitos propios del crimen
organizado, si no que los reivindican, difunden y justifican su ejercicio. Esta es la característica
más relevante para catalogar a estas orgánicas el carácter de terroristas (De la Corte y Giménez-
Salinas 2010): su finalidad política. La motivación central de su actuar violento no está en sus
réditos económicos, más bien está en su fin político de disputa con el Estado, en agredir para
generar atención y publicidad. ¿Hay confluencia con el crimen organizado? Pues sí, se apropian
de métodos y técnicas, pero su eje central, su discurso y movilización es el uso sistemático,
reiterado e imprevisible de actos intimidatorios dirigidos hacia la población nacional, a la audiencia
pública, con el propósito de generar cambios e impactar en la comunidad, sembrar dudas sobre la
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legitimidad del orden político, movilizar a simpatizantes hacia su causas, en fin, condicionar las
estructuras del poder de la sociedad chilena para lograr su fin: la autonomía política, el separatismo.
Existen abundantes testimonios y pruebas sobre estos grupos, no obstante, lo difícil ha sido lograr
condenas para sus integrantes y encontrar a los líderes prófugos de la justicia, algo propio de la
lucha contra este tipo de agrupaciones que mezclan su actuación con la insurgencia política, pues
logran apoyos (tácitos o explícitos) de parte de ciertas élites que tienen capital político y
económico. La tolerancia de parte de la clase política hacia estos grupos explica en buena parte su
crecimiento y extensión territorial.
La aplicación de violencia y el amedrentamiento hacia grupos locales, civiles y uniformados
es algo a estas alturas indiscutible. Según datos de Carabineros en 2021 se registraron 1.786 hechos
de violencia en La Araucanía y el Biobío, lo que significó un aumento del 46% en relación con
2020, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos 10 años. Es más, en la siguiente tabla se
puede ver la evolución de ciertos delitos graves y que demuestran el crecimiento de algunos de
ellos, precisamente en las zonas donde se decretó en 2021 el Estado de Emergencia para sumar a
los militares en apoyo a las policías. El homicidio tuvo un alza en 2019 y 2020 en las cuatro
provincias, del mismo modo, los relacionados con armas; 2018 fue un año particularmente alcista;
en cambio, el robo en lugar no habitado disminuyó en 2020, no obstante, se aprecia un crecimiento
para 2018 y 2019 en la mayor parte de estos delitos graves.
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Tabla 4
Evolución delitos Macrozona Sur, provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín (2015 - 2020)
Casos policiales
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Variación
5 años
Homicidios
33
41
40
46
53
61
85%
Infracción a ley de
armas
838
743
799
1.157
909
538
-36%
Hallazgo de armas o
explosivos
23
22
20
13
21
25
9%
Otros: ley de armas
185
145
163
352
226
129
-30%
Porte de armas
581
525
560
706
596
311
-46%
Tenencia ilegal de
armas o explosivos
46
44
56
86
66
73
59%
Nota: Adaptado en base en datos de CEAD, 2022
De la Corte y Giménez-Salinas (2010) han estudiado el fenómeno de la colaboración entre
las insurgencias y los grupos criminales, algo que preocupó y sigue preocupando en diversos puntos
del mundo, desde Chechenia hasta Colombia, desde Hezbollah hasta la ETA y, por cierto, también
en Chile, debido a la colaboración cada vez más provechosa entre grupos criminales o terroristas
que reciben apoyo o simpatía de parte de alguna clase dirigente afín a su causa política. Según estos
autores, una práctica habitual del terrorismo y el crimen organizado se da cuando se perpetran
delitos como robos de vehículos, armas y cualquier otro material para cometer atentados o ataques
propios de la insurgencia, como de hecho lo practican los entes mencionados, pero también cuando
se manifiestan señales de corrupción de agentes estatales. También se corrobora la convergencia
entre terrorismo y crimen organizado al momento de reproducir tácticas de delincuencia organizada
para cubrir los costos de su actividad insurgente, como el financiamiento que obtienen del robo de
madera a gran escala, lo que les permite financiar su actividad, de hecho, según cifras oficiales las
denuncias por robo de madera en Chile en 2017 fueron de 201, en 2019 fueron de 826 y en 2020
de 2 531, es decir, en dos años el alza de denuncias de este delito fue de 206%.
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Manifestaciones de terror y amedrentamiento de parte de estos grupos insurgentes son
múltiples, acá solo un ejemplo: en el combate contra los incendios forestales, brigadistas y
profesionales del área han denunciado la presencia de sujetos que disparan a los aviones que
intentan contener los incendios. Si bien no existen pruebas contundentes, existen testimonios que
conectan la intencionalidad de los incendios con estos grupos. Algunos medios de televisión han
mostrado personas iniciando fuego en distintos puntos con el fin de que lleguen a sitios de
reivindicación política: Angol, Vilcún, Ercilla. Complementariamente, también existen técnicas
aprendidas de carteles de droga y de pandillas urbanas para conseguir sus objetivos, por ejemplo,
la intimidación a gran escala o la extorsión. Estos grupos radicalizados llegan al homicidio y causan
el terror por supuestas causas políticas, étnicas y de enfrentamiento con el Estado. En diciembre de
2021 ocurrió la quema de más de 30 viviendas en el Lago Lanalhue, hecho adjudicado por el grupo
RML, amenazando con mantener e intensificar «la lucha» al nuevo gobierno de Gabriel Boric
(2022-2026). Una amenaza similar formula cada cierto tiempo el líder de la Coordinadora Arauco-
Malleco (CAM), perseguido por la justicia, quien ha comunicado que seguirá en la senda de la
«autonomía revolucionaria» y de una «guerra al Estado chileno».
Finalmente, y de acuerdo con Toro (2022) la realidad descrita demuestra la presencia de un
conflicto armado interno acotado territorialmente, de baja intensidad (dado el número reducido de
muertos), no convencional -por cuanto los grupos radicales emplean armas de bajo calibre-, usan
tácticas propias de la guerra insurgente evitando la confrontación directa con fuerzas militares y en
cuanto a duración -aceptando la década de 1990 como inicio de la conflictividad radical- no es tan
extensa en el tiempo. De ello deriva, para el autor, que son grupos de crimen organizado y
terroristas ciertamente, pero que aún no logran una fisonomía de envergadura y, por ende, se está
a tiempo de actuar en su contra, utilizando las armas propias de la fuerza pública y la aplicación
del Estado de derecho. No obstante, podrán seguir acumulando poder si consiguen aumentar su
«legitimidad política». Estos grupos insurgentes pueden seguir creciendo y lograr mayor
desarrollo, y tal vez llegar a arrogarse el gobierno de un territorio completo, como lo lograron las
FARC o Sendero Luminoso en su momento. En consecuencia, la metamorfosis del crimen
organizado y la insurgencia en esta zona del país pueden soplar en dos direcciones opuestas: o el
Estado actúa y estos grupos verán reducidos sus márgenes de maniobra y no contarán con el apoyo
de la población, siendo sus líderes capturados y condenados, logrando debilitar el conflicto y
revertir la violencia o, por el contrario, recibirán apoyo político decidido para integrarlos a la vida
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nacional, contarán con amnistía, serán incluidos en la vida pública y lograrán paulatinamente
territorios para el autogobierno donde imponer sus condiciones etno-nacionalistas en desmedro de
la unidad nacional.
Un último elemento que ratifica la metamorfosis chilena en el mapa regional y que se
relaciona con el radicalismo violento es que Chile encabeza el Índice de Terrorismo Global a nivel
latinoamericano, junto a Colombia (quien está en el lugar 14° y primero de Iberoamérica). Este
instrumento de medición internacional desarrollado por el Instituto de Economía y Paz (2022)
posicionó a Chile en el lugar 18º (puntaje de 6,496), bajo el Congo y sobre Chad, mostrando un
alarmante ascenso en este indicador de terrorismo comparado. El informe indica que hubo 831
ataques y 11 muertes por terrorismo registradas durante la última década y que en 2021 el número
de ataques terroristas se elevó a 362, donde más de la mitad fueron atribuidos a grupos extremistas
de connotación indígena.
Discusión: tendencias y escenarios
La primera tendencia clara es la baja capacidad de respuesta estatal ante el fenómeno, lo
que se ve reflejado en la baja actuación y efectividad de las policías. En el combate al crimen
organizado y a la insurgencia poseen escasos elementos de protección y tienen armamentos débiles
y recursos escasos para enfrentar a organizaciones poderosas. Sus remuneraciones, formación y
capacitación están desfasadas de la realidad, como también sus protocolos de actuación y su
capacidad logística, por ello que una reforma policial se hace impostergable. Pese a todo, ambos
entes policiales (PDI y Carabineros) siguen teniendo una alta confianza ciudadana: la PDI tiene el
74% de respaldo positivo de la población y Carabineros un 56% (CADEM, 2022b).
La baja capacidad de respuesta estatal se refleja en el caso de la Fiscalía nacional y sus
organismos descentralizados puesto que no tiene todo el escrutinio social y político que debiera en
cuanto a su efectividad para combatir el crimen organizado, y tampoco recibe toda la atención
necesaria de parte de la población. Poseen casi nula rendición de cuentas, accionan con opacidad,
se desconoce su actuación más allá de ciertos casos emblemáticos y los resultados en materia de
crimen organizado son difusos. Urge una reforma que le otorgue mayores niveles de transparencia
y de rendición de cuentas, asignándole indicadores públicos de esclarecimiento de delitos.
Página 35
Desde el punto de vista de la apreciación ciudadana los jueces son el eslabón perdido. Este
es un cuarto factor de crítica hacia un poder del Estado ausente del trabajo contra el crimen
organizado. De hecho, han solicitado medidas de seguridad para sus funcionarios en la zona de
insurgencia, solicitan contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio para el desempeño de sus
funciones. Esta demanda resulta paradójica, pues evidencia el temor con que trabajan estos
funcionarios públicos que se pueden extender hacia las resoluciones que dictan o las diligencias
que solicitan, haciendo factible la pregunta de si actúan coercitivamente en sus fallos.
En medio de este cuadro de debilidad institucional persiste desde el gobierno central la
dualidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de trabajar en coordinación política y
dedicarle un tiempo limitado a la prevención y al control del crimen, cuestión que debe ser resuelta
cuanto antes (separando «la política» de «la seguridad»). Por lo tanto, debe existir un Ministerio
de Seguridad Pública de carácter técnico, exclusivo, alejado de la política cotidiana, cuyo foco sea
la respuesta coordinada, multisistémica y que rinda cuentas ante la población. Este es un elemento
clave para poder disponer de medios, recursos y voluntades para combatir a las organizaciones
criminales y radicales.
Así y todo, hasta el día de hoy no existe rendición de cuentas en la materia ni entidad
responsable claramente definida: ¿Quién es el garante de la seguridad pública? ¿Quién se
responsabiliza por el alza en materia de crimen organizado y de la insurgencia guerrillera? Esta
metamorfosis de Chile puede ser revertida y evitar un escenario aún más pesimista. Los estudios
indican que el crimen organizado y el terrorismo crecen en una sociedad donde ellos no son una
prioridad gubernamental y donde el orden establecido es pasivo para enfrentarlos. En este sentido
el desafío de Chile es de enorme magnitud.
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